La Comisión de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Guadalajara ha dictaminado que todas y cada una de las obligaciones reconocidas entre 2007 y 2010 por las mercantiles Alcarreña y Bonaval de Servicios Auxiliares S.L, Mageriti Facility Services, S.L., Claraval Property Services S.L, Global Risk Security España S.L. y Breogan Servicios Medioambientales S.L., cumplen estrictamente con la legislación vigente.

En concreto, según se ha dado a conocer en nota de prensa dicha comisión, los contratos cumplen con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Ley 20/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público y el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El dictamen se ha producido tras estudiarse los informes, certificados y notas emitidos por el interventor General del Ayuntamiento de Guadalajara, el jefe de Contratación, el jefe de Fiscalización y el jefe de Compras respecto a dichas obligaciones.

Las empresas analizadas son gestionadas por el empresario Alberto López Armada a quien el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Jiménez, acusa de recibir un trato de favor por parte del equipo de Gobierno y más concretamente del alcalde, Antonio Román.