El fiscal pide ocho años de prisión para falsos funcionarios que estafaron a 600 personas

  • Entre las víctimas hay discapacitados físicos y psíquicos.
  • Les prometían pisos de protección oficial o ayudas sociales.
  • Se hacían pasar por funcionarios, notarios y hasta jueces.
Imagen de archivo de un funcionario.
Imagen de archivo de un funcionario.
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Imagen de archivo de un funcionario.

La Fiscalía pide penas de ocho años de prisión para cuatro acusados de haber estafado a cerca de 600 personas, entre ellas discapacitados físicos o psíquicos, a las que prometían pisos de protección oficial o ayudas sociales haciéndose pasar por funcionarios, notarios y hasta jueces.

En su escrito de calificación, el ministerio público acusa a los cuatro procesados de un delito de estafa continuada de notoria gravedad y múltiples perjudicados y les obliga a indemnizar a los perjudicados con las cantidades estafadas.

Según publica El Periódico de Catalunya, las cantidades estafadas a los perjudicados oscilan entre 110 y 148.032 euros, aunque la mayoría se sitúan entre los 11.000 y los 45.000 euros. Este fraude múltiple fue perpetrado entre los años 2004 y 2007 por los cuatro procesados, María Roser M., Margarita C., Carlos P. y Víctor Manuel A., que utilizaban identidades falsas para consumar la estafa y, para dar más apariencia de credibilidad, se instalaban en hoteles de lujo de Barcelona.

Las estafas señaladas por la Fiscalía eran diversas: por un lado, una de las acusadas fingía ser funcionaria del Departamento de Vivienda con capacidad para adjudicar directamente pisos de protección oficial, por lo que exigía dinero a las víctimas a cambio de conseguirles uno de esos inmuebles. Según el escrito de acusación, entregado al Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona, los procesados también conseguían dinero de discapacitados físicos y psíquicos haciéndoles creer que podían facilitarles ayudas sociales.

Una de las acusadas se especializó, además, en ofrecer suculentas inversiones a intereses muy superiores al del mercado, un procedimiento que les permitía quedarse con el dinero aportado por las víctimas. En determinadas ocasiones, los acusados se hicieron pasar por notarios o jueces para dar apariencia de credibilidad a la trama defraudatoria.

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