El domicilio familiar tendrá más peso que el laboral en el próximo proceso de escolarización

La puntuación por hermanos asciende de 13 a 16 puntos y se precisa el concepto de familia monoparental
Profesores, niños, alumnos, escuela, guardería
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EP
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El proceso de escolarización que comienza el 1 de marzo tendrá este año "importantes novedades" respecto al curso pasado y de todas ellas, la más "significativa", es que el peso del domicilio familiar será mayor que el del domicilio laboral, pasando de 10 a 14 puntos.

Así lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, quien ha explicado que esta "actualización" de los criterios de baremación responde, entre otros factores, a que durante los últimos años ha descendido considerablemente el número de padres que solicitaban plaza escolar cerca de su zona de trabajo. De hecho, el curso pasado solo el 6 por ciento de las familias hizo valer el domicilio laboral en su solicitud que, para el nuevo curso 2011-2012, se seguirá valorando con 10 puntos. En este descenso también ha influido, según el consejero, el aumento de los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares.

El nuevo decreto regulador de la escolarización en los centros escolares sostenidos con fondos públicos aprobado este martes también aumenta la puntuación por zonas limítrofes al domicilio familiar, que pasa de 6 a 8 puntos, y la que se otorga a los padres o madres que trabajan en el mismo colegio o instituto que sus hijos (de 3 a 4 puntos). Aún así, la mayor puntuación que Educación otorgará a las familias en el próximo proceso de escolarización seguirá siendo por hermanos, que asciende de 13 a 16 puntos.

Eso sí, la Consejería ha "precisado" el concepto de hermanos y de familia monoparental para adaptar ambos a la "nueva realidad" social. De este modo, se entenderá como hermanos, en palabras de Álvarez de la Chica, a "los hijos de dos cónyuges, con independencia de si lo son de los dos desde el punto de vista de la procreación". También serán considerados hermanos los hijos de las parejas de hecho y a los menores sometidos a tutela o acogimiento familiar legalmente constituido dentro de la misma unidad familiar.

Respecto a la familia monoparental, se entenderá como aquella en la que la patria potestad del alumno esté ejercida por una sola persona, o aquella en la que exista una orden de alejamiento de una de las personas que conforman la pareja respecto a la otra con la que convive el alumno. Con esta "actualización", y pese a que el ordenamiento jurídico español "aún no tiene bien definido" este concepto, la Administración educativa ha intentado "aproximar" la monoparentalidad "a la realidad más prevalente".

Escolarización pública única

La entrada en vigor de este nuevo decreto también supondrá la puesta en marcha de lo que Educación ha venido calificando meses atrás de "escolarización pública única" y que permitirá a las familias reservar plaza, de una sola vez, para todos los centros donde los hijos se matricularán a lo largo de su vida escolar.

Así, las familias que lo deseen y que quieran acogerse a un "trayecto escolar garantizado" desde que su hijo accede por primera vez al sistema educativo andaluz con 3 años hasta que termina el Bachillerato, podrán hacerlo desde el próximo 1 de marzo. Además, dado que el procedimiento de admisión se limita al momento del acceso al sistema educativo y no se exige en las etapas posteriores, la medida supone también una simplificación de trámites, una mayor información sobre el itinerario escolar y una "garantía" para la permanencia del alumnado que permite hacer valer la matriculación de hermanos mayores a efectos de la baremación.

Matriculación equilibrada

En lo relativo al alumnado con necesidades específicas, el decreto asegura su escolarización normalizada a través de la obligatoriedad de reservar tres plazas por clase en cada colegio e instituto, sean éstos públicos o concertados. Esta reserva de las plazas será efectiva durante "todo el proceso de matriculación", si bien, cuando éste termine dichas plazas se otorgarán a los alumnos a los que, por puntuación, les correspondan.

Con ello, la Administración educativa pretende "equilibrar", entre otros colectivos, al alumnado inmigrante, ya que, en la actualidad, el 92 por ciento del mismo está matriculado en centros públicos y solo el 8 por ciento restante cursa estudios en los concertados. "Siendo el 79 por ciento el peso de la escuela pública en el sistema educativo andaluz y el 21 por ciento la concertada, se trata de equilibrar esto y evitar que pudiera haber, si los hay, centros que elijan a las familias y no las familias las que elijan los centros", ha recalcado el consejero.

En los casos del alumnado con discapacidad cuya atención requiera recursos muy específicos de difícil generalización, la Consejería de Educación deberá ofrecer a las familias una plaza en el centro educativo que mejor garantice la respuesta más adecuada.

Lucha contra el fraude escolar

La norma aprobada este martes también refuerza el papel de las Comisiones de Escolarización, que pasan a denominarse Comisiones de Garantía. Integradas por personal de las delegaciones provinciales de Educación y representantes de centros, padres y madres, profesorado y entidades locales, estos órganos se encargarán de velar por el cumplimiento de las normas de escolarización y garantizar el principio de igualdad de oportunidades.

En el aspecto disciplinario se introduce un endurecimiento de la penalización en caso de comprobar que las solicitudes de admisión incluyen datos y documentos que no se corresponden con la realidad familiar. Para este supuesto, y como novedad frente a años anteriores, la norma establece la pérdida de todos los derechos de prioridad al centro pedido y no solo, como hasta ahora, de los puntos referentes a la parte de la baremación donde se detecta el fraude. Y todo ello, según ha enfatizado el consejero, para que el proceso de escolarización se realice con "mayor transparencia, con más garantías que nunca y con más accesibilidad para las familias".

Precisamente para potenciar estos últimos aspectos, el nuevo decreto de escolarización se completa con diversas disposiciones dirigidas a simplificar los trámites y aumentar la transparencia en el proceso a través del uso de medios telemáticos. De este modo, en las solicitudes ya no será necesario aportar documentos cuya información pueda recibir directamente la Consejería de Educación de otras administraciones, como por ejemplo, la declaración de la renta (Agencia Tributaria), los certificados de residencia (Instituto Nacional de Estadística) o los certificados de discapacidad o familia numerosa (Consejería para la Igualdad y Bienestar Social).

Además, a través de un portal específico en la página web de la Consejería de Educación se podrán consultar aspectos relativos a la tramitación, el estado de las solicitudes, los resultados de las asignaciones de plazas o la distribución de los centros docentes por zonas de escolarización. Esta herramienta también ofrecerá a las familias la posibilidad de descargar los impresos de solicitud así como de realizar "autobaremaciones" o de llevar a cabo la tramitación telemática si se dispone de la firma digital.

Durante todo el procedimiento de escolarización permanecerá activo un teléfono gratuito de información (900 84 80 00) en horario ininterrumpido de 9,00 a 20,00 y las familias podrán recibir información sobre la plaza solicitada a través del correo electrónicos y mensajes SMS de móvil.

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