La candidata de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Nieves Ibeas, ha participado este sábado en talleres y reuniones del II Encuentro de mujeres CHA que se ha celebrado en Zaragoza. En la reunión, CHA ha reclamado políticas activas para mejorar la calidad de vida y la autoestima de las mujeres con discapacidad.

Entre los temas tratados en los talleres y jornadas ha destacado el dedicado a analizar la situación de especial vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad. Nieves Ibeas ha advertido de que "en muchos casos se enfrentan a una doble discriminación, pérdida de autoestima y falta de reconocimiento en la sociedad, por el mero hecho de ser mujeres y de ser discapacitadas".

Para la candidata de CHA a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Nieves Ibeas, "es necesario la puesta en marcha de políticas activas en materia de sanidad, educación y, sobretodo, en la creación y acceso al empleo". En estas jornadas se ha puesto de manifiesto lo que supone que tan sólo un 33 por ciento de las mujeres con discapacidad estén trabajando, según los datos de CERMI del año 2010, explica CHA en un comunicado.

Este partido considera que el acceso al empleo y al mundo laboral "es muy importante como elemento integrador en la sociedad". "Necesitamos que se mejore la formación y la educación, que se amplíe la alfabetización digital y que se den ayudas al autoempleo y a la contratación de mujeres con discapacidad", ha propuesto Ibeas y ha añadido que "se tienen que garantizar los mismos derechos y, en estos momentos, no se está haciendo".

"Hay que romper con el estereotipo, tanto en el medio rural como en el urbano, de que la mujer con discapacidad, especialmente cuando son severas, sólo tiene como salida quedarse en casa" ha explicado la presidenta de CHA, Nieves Ibeas.

A lo largo del encuentro se ha puesto de manifiesto la preocupación como partido por el aumento de los casos de violencia de género tanto en el año 2010 como en este 2011 y "sobre todo preocupación por la actuación de las administraciones públicas y de las y los jueces que en muchos casos no obligan a colocar la pulsera localizadora a los maltratadores, aunque haya evidencias del peligro que corren las mujeres".