El médico acusado de abusos sexuales por supuestamente hacerse pasar por ginecólogo en el centro hospitalario compostelano La Rosaleda, J.E.A., ha asegurado este viernes en el juicio que "jamás" había visto a la mujer que lo ha denunciado y ha afirmado que se trata de una "trama" y una "conspiración" del hospital para rescindir su contrato.

Durante su declaración en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, el acusado ha recalcado que "jamás" hizo ninguna exploración vaginal a la acusada y ha negado que se hubiesen producido los hechos. "Siempre he tenido una conducta intachable", ha aseverado, tras lo que dijo "afirmar" que se trata de una "trama del hospital". "Mi conducta es y será siempre intachable", ha insistido.

El acusado manifestó que él tenía un contrato como médico de familia para el servicio de Urgencias, lo cual corroboró la directora de La Rosaleda en su testificación al indicar que el presunto autor de los hechos tenía una relación laboral como médico de medicina general. Sin embargo, mientras que el acusado dijo que el contrato era temporal, la directora aseguró que estaba en régimen indefinido.

En su intervención, J.E.A. explicó que su actuación del día a día era realizar ecografías —también es diplomado en esta disciplina— de forma que una enfermera llamaba a los pacientes y él hacía la prueba correspondiente. Al final del día, emitía un informe con su "cuño profesional y su firma" en el que se incluía su "impresión diagnóstica", algo que señaló que se trata de una tarea habitual, y aseguró que los remataba todos al final del día.

Los hechos de los que se le acusan se remontan al 14 de julio de 2008, cuando el acusado regresó de sus vacaciones y, según ha relatado este viernes, ya no tenía a su disposición un enfermero que ayudase a pasar los pacientes, por lo que él mismo los mandaba entrar para realizar las pruebas. Este hecho lo relacionó con la "trama" de la que acusa al centro hospitalario, a lo que añade el hecho de que le ofreciesen la "baja laboral voluntaria" —que rechazó firmar—, que le "limitasen" el acceso a los archivos o que le invitasen a "compartir" sus honorarios con La Rosaleda.

"Jamás, jamás, tuve ningún detalle, denuncia o crítica de ningún paciente", se reafirmó el acusado, quien recalcó que fueron "el gerente y la directora" de La Rosaleda los que le "identificaron" a la paciente, la cual —dijo J.E.A.— "no sabía" como era él. "Tengo una mancha en la frente, soy moreno, cubano, se nota el acento", se describió el acusado para insistir en que fueron "Sonia y Rafael" los que le señalaron como el doctor que había explorado a la mujer.

"no me lo preguntaron"

La denunciante del caso, J.D., manifestó en su declaración que "nunca le preguntaron" cómo era el médico y, por ese motivo, no aparece en ninguna de las declaraciones anteriores una identificación por su parte. No obstante, hubo un reconocimiento visual en la propia sala de audiencias en la que la mujer certificó que "es él", mientras el acusado se ratificaba en que "no la había visto jamás".

J.D. explicó que cuando acudió a la consulta desconocía que la persona que lo atendía no fuese médico ginecólogo. "No sabía si era un enfermero...", admitió. Relató que J.E.A. le dijo en la consulta que "para la edad que tiene y dos hijos, no estaba mal" y agregó que tuvo que autotranquilizarse. También dijo que le contestaba a todas sus preguntas "pensando que era ginecólogo".

La denunciante confirmó que el acusado le había hecho exploraciones vaginales boca arriba y de espaldas, "a cuatro patas" según el escrito fiscal, y reconoció que eso le "llamó la atención" y que lo pasó "fatal". En este sentido, explicó que relacionó la exploración con un problema ginecológico.

Asimismo, también señaló que mientras practicaba las exploraciones el imputado le preguntaba "qué posturas" utilizaba en sus relaciones sexuales. "No aguantaba más, ya no me parecía normal", dijo que le pensó y salió de la consulta pasándole algo inusual, dijo, porque no lloró. "Me descontrolé, estaba descontrolada", indicó en varias ocasiones para describir cómo vivió los días posteriores.

Explicó que después de lo ocurrido el 14 de julio, se lo contó a su nuera y su hermana y con un abogado amigo de ella, quien le recomendó que escribiese a La Rosaleda. El centro hospitalario despidió al acusado tras recibir el escrito y responder a la mujer.

Sobre el informe emitido, J.E.A. negó ser el autor y argumentó que no aparecían "ni el cuño ni firma" personal. La defensa agregó que no aparecía un justificante del Sergas conforme tenía que practicársele esa prueba (la paciente había sido derivada a este centro concertado con la Administración sanitaria pública) y también denunció que no había pruebas de que las cartas a La Rosaleda se hubiesen enviado por Correos, tal y como aseguró la denunciante.

Por su parte, la directora del centro hospitalario tampoco pudo aclarar por qué no estaba el justificante en la documentación del caso para acompañar a ese informe recogido en la página 19 del expediente y que fue mostrado a los testigos y acusado. Señaló que hasta aquel día el centro "no tenía nada de qué quejarse", si bien matizó que había llegado el "rumor" de un "incidente con otra persona, pero en el domicilio particular", por lo que no se actuó al tratarse de un supuesto hecho fuera del hospital.

Sentencia absolutoria

Por su parte, la perito del Instituto de Medicina Legal de Galicia señaló que la denunciante sufre "estrés postraumático" y lo atribuye tanto a los hechos que se han juzgado este viernes como a un intento de violación que vivió la mujer dos meses después de haber asistido a La Rosaleda. Un experto llamado por la defensa aseguró, en su intervención, que el estrés postraumático ha de señalarse sobre un hecho concreto.

Tras oír al acusado y a los testigos periciales, así como a la denunciante, la Fiscalía mantuvo su petición de seis años de cárcel para el acusado. Por su parte, la defensa solicitó la absolución de J.E.A. y ha considerado que debe prevalecer su "presunción de inocencia", por falta de pruebas y porque las aportaciones al juicio "ofrecen dudas".

Según la abogada de la defensa concluyó en su alegato, se habría hecho una "manipulación" del informe, de forma que "alguien" habría cogido el expediente de otra persona y le puso los datos de la denunciante, puesto que en el documento cuya autoría se atribuye al médico encausado se habla de una mujer con trompas en funcionamiento, pero la mujer fue intervenida a los 26 años de ligamiento de trompas.