La sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha celebrado este jueves una reunión de su comisión ejecutiva. En la sesión, han cobrado importancia las cuentas de 2010 y los litigios resueltos de forma favorable al mercado central de abastos tras la impugnación de las sanciones impuestas por la Consejería de Agricultura y Pesca a cuenta de la localización de pescado inmaduro en la lonja. Mercasevilla, como se recordará, cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y arrastra un pasivo de 9.046.976,95 euros por la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007.

Fuentes de Mercasevilla han informado a Europa Press de que, en concreto, la reunión de la comisión ejecutiva ha sido celebrada sin la asistencia del presidente del consejo de administración de la sociedad mixta, el concejal socialista Alfonso Mir. Durante la sesión, la comisión ejecutiva ha tomado conocimiento de los tres litigios resueltos de forma favorable al mercado central de abastos tras la impugnación de las sanciones económicas promovidas por la Consejería de Agricultura y Pesca como consecuencia de la localización de partidas de pescado inmaduro en la lonja.

A tal efecto, la comisión ejecutiva de Mercasevilla ha acordado solicitar un aval "suficiente" valorado en "la suma global" de todas estas sanciones impuestas por la Consejería de Agricultura y Pesca. El aval, además, habría de incorporar "un 20 por ciento" más de esta cuantía inicial para hacer frente a los "posibles intereses y costas procesales" derivados de la impugnación de estas penas tanto en la vía de apremio iniciada por la Administración autonómica, como por la vía Contencioso Administrativa a cuenta de las citadas tres resoluciones favorables.

En la sesión han sido abordadas también las cuentas de 2010 y la situación de la gestión, a manos de Mercasevilla, de los mercados de abastos afectados por el escrito fechado el 29 de diciembre de 2010 por el director general de la sociedad mixta, Juan Carlos Recio, en cuanto a la "reversión" de las concesiones que pesan sobre tales negocios.

La última auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' sobre los estados financieros de la compañía, como se recordará, cuantificaba en aproximadamente 1,5 millones de euros las cargas de la empresa por penalizaciones de inmaduros. De hecho, el pasado año 2010, el actual director general de Mercasevilla había concertado contactos con la Consejería de Agricultura y Pesca al objeto de tratar los expedientes sancionadores incoados de forma subsidiaria contra la sociedad mixta por el descubrimiento de estas partidas de pescado inmaduro.

Las cuentas de mercasevilla

Sobre las cuentas de Mercasevilla, cabe recordar que ya mediado el año pasado, los órganos de gobierno de la compañía habían acordado la materialización de una operación 'acordeón' mediante la que los aproximadamente 9,2 millones de euros que figuraban como capital social de la empresa fueron reducidos a cero, para luego ser ampliado este concepto a 1.285.000 euros mediante aportaciones dinerarias y materiales por parte de los accionistas mayoritarios de la sociedad; el Consistorio hispalense y la sociedad estatal Mercasa.

El destino de esta maniobra no fue otro que impedir que la sociedad mixta incurriese en una posible causa de disolución, dado que los anteriores gestores de la compañía, Fernando Mellet y Daniel Ponce, habrían falseado las cuentas mediante unas prácticas que investiga actualmente el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. De hecho, la auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' sobre las cuentas generales de la sociedad mixta Mercasevilla reveló que el ejercicio 2008, cuando la directiva liderada por Fernando Mellet repartía dividendos por valor 258.000 euros, se saldó en realidad con pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros.

El ejercicio 2009, además, se saldó para el mercado central de abastos de Sevilla con pérdidas por valor de 4.123.666 euros, una cuantía a la que se suma un pasivo de 9.046.976,95 euros a cuenta de la incertidumbre que pesa sobre la financiación del expediente de regulación de empleo promovido en 2007 y al que se adhirieron 40 empleados actualmente prejubilados, dado que la Consejería de Empleo niega cualquier compromiso en cuanto al pago de estas prestaciones.