UPyD critica que la Junta no actuase contra el presunto fraude en los ERE "cuando tienen conocimiento desde 2005"

La dirección de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía ha criticado que la Junta no actuase contra el "presunto fraude" detectado en la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la administración autonómica "cuando los propios socialistas tienen conocimiento de ello".

La dirección de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía ha criticado que la Junta no actuase contra el "presunto fraude" detectado en la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la administración autonómica "cuando los propios socialistas tienen conocimiento de ello".

En un comunicado, UPyD ha asegurado que la Convención Municipal celebrada por el PSOE el pasado fin de semana en Sevilla con presencia de dirigentes como "Manuel Chaves, Griñán, Gaspar Zarrías, José Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero" no fuese "aprovechada" para explicar a los andaluces este "presunto fraude" porque, según ha subrayado, "todos ellos conocen perfectamente la presunta corrupción en Mercasevilla".

"Los propios socialistas tienen conocimiento de ello desde 2005, año en que la Intervención General de Hacienda expresó en varios informes su disconformidad con el procedimiento utilizado por la Junta de Andalucía, que hizo caso omiso", ha lamentado UPyD, que también ha criticado que el Gobierno de Griñán "defienda la bondad del sistema y achaque los abusos a actuaciones particulares de los cargos de la Administración andaluza".

En este sentido, UPyD deplora que la Junta "pretendiera conceder del dinero de los andaluces, sin rigor ni control alguno, una subvención de 900.000 euros a dos empresarios del grupo de hostelería 'La Raza', José Ignacio Rojas y Pedro Sánchez Cuerda, a cambio de entregar 450.000 euros en comisiones a Fernando Mellet y Daniel Ponce, director y subdirector de Mercasevilla, empresa gestionada por la sociedad estatal Mercasa y el Ayuntamiento de Sevilla".

En su opinión, para hacer frente a este tipo de actuaciones es necesario promover una "regeneración democrática" que ponga fin a las "causas de esta degradación pública", entre las que cita "el clientelismo; la deficiencia de la transparencia en la gestión pública; la proliferación de normas y burocracia innecesarias y superfluas; y una Administración de Justicia lenta y politizada que ha sido colonizada por el bipartidismo".

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