El hombre de 41 años detenido por, presuntamente, asesinar a su expareja este pasado martes en la barriada malagueña de El Palo ha pasado ya a disposición judicial, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El presunto agresor, cuya identidad responde a las iniciales J.R.C., fue condenado por amenazas y maltrato y tenía una orden de alejamiento de su expareja, Susana G.A., de 37 años, de la que estaba en trámites de separación.

J.R.C. fue detenido minutos después de los hechos tras agredir, supuestamente, con un hacha y un cuchillo en plena calle a Susana G.A., que volvía a casa tras dejar a la hija de ambos en el colegio, una niña de cinco años.

El hombre la amenazó de muerte en dos ocasiones el mismo día, una en una llamada a la madre de ésta y otra a través de un correo electrónico, según la sentencia dictada con la conformidad del entonces acusado el 9 de julio de 2010.

Así, en la resolución del juzgado de Violencia sobre la Mujer número tres de Málaga se declara probado que la pareja estaba separada desde abril de 2010 y que el 6 de julio de ese año llamó por teléfono y amenazó a la víctima diciéndole a la madre de ésta: "ya lo tengo todo perdido, yo iré a Alhaurín —a la cárcel provincial—, pero a ella me la llevo por delante".

Después, por la tarde, le envió un correo electrónico en el que, en otras cosas, le decía: "no sigas jugando conmigo que la próxima vez no vas a escapar de una pieza, que yo sé que mi futuro está en Alhaurín...". Además, antes de separarse, el hombre la agarró del cuello de la camisa y la empujó, sin causarle lesiones, según la sentencia.

A Susana G.A. le fue denegado el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género. Según el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, la solicitud no llegó a tramitarse por defectos de forma.

Sin embargo, la directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral, aseguró este miércoles que se había enviado toda la documentación requerida, mostrando, incluso, a los periodistas la comunicación en la que este recurso era denegado por la comisión de seguimiento del entonces Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).