La Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga) urge "soluciones alternativas" que palien la situación de unas 40 empresas de la provincia de Pontevedra "paralizadas", en la práctica, por las medidas preventivas que decretó la Xunta tras la detección del nematodo del pino en un árbol del Ayuntamiento de As Neves, el pasado 26 de noviembre.

El colectivo representante de las empresas de transformación de madera de Galicia cifra en unos 100.000 euros las pérdidas económicas diarias, que afectan a unos 350 puestos de trabajo directos y a "más de 6.000 propietarios forestales" en un total de 18 municipios pontevedreses.

El mensaje de alerta lo ha lanzado, este martes, la secretaria general de Fearmaga, Ana Oróns, en rueda de prensa junto al presidente del grupo provincial de la federación en Pontevedra, Fernando Castro y uno de los propietarios de un aserradero en la zona demarcada por la Administración autonómica, José Manuel Freiría.

Tal y como ha explicado Oróns, dicha área, de 20 kilómetros de radio alrededor del brote del nematodo —un gusano que agrede a la madera y cuyo vector, un escarabajo, comienza a actuar con el aumento de las temperaturas—, fue establecida por la Consellería de Medio Rural en función de lo que dictamina la Comisión Europea, pues es de jurisdicción comunitaria lidiar con dicha problemática.

"abocadas al cierre"

De hecho, el próximo 25 de febrero se reunirá el comité fitosanitario en Bruselas, al que Fearmaga insta a reconsiderar las actuaciones, entre las que censuran, fundamentalmente, la prohibición de corta de madera que estará vigente, si nada cambia, desde el próximo 1 de abril y hasta el mes de noviembre. "Siete meses" que, según advierte la federación, "abocarán al cierre" de unas 40 empresas entre aserraderos y rematantes.

Si bien ha recalcado la "asunción", por parte del sector, de unas medidas "excepcionales" ante lo "excepcional" de las circunstancias, Oróns ha planteado la posibilidad de permitir a los rematantes seguir talando desde el 1 de abril e instaurar, para ello, un "sistema de alertas" similar al que utilizan los planes contra incendios, en función de las predicciones meteorológicas.

De este modo, y con un periodo "de equis días previos", las autoridades en la materia avisarían de la restricción, ante la previsión de que las temperaturas superen, por ejemplo, los 20 grados centígrados —y por lo cual el vector podría propagar el nematodo—. "Esto podríamos aceptarlo", ha destacado, tras incidir en que "los más interesados" en que haya materia prima y en buen estado son los propios empresarios.

"falta de claridad",

Pero "colaboración al 100 POR 100"

Además, el plan de prevención de Medio Rural, departamento al que afean "falta de claridad" en ciertas cuestiones —aunque le ofrecen su "colaboración al 100 por 100" para erradicar el foco—, impone también limitaciones para los aserraderos, encargados de comercializar los productos y subproductos de la madera.

Así, desde que se levantó el veto a la tala en esos 20 kilómetros, los aserraderos deben aplicar un tratamiento térmico a la madera, lo que requiere de instalaciones y certificado para desarrollar el procedimiento.

Fernando Castro, responsable de Fearmaga en la provincia pontevedresa, ha llamado la atención sobre que sólo son seis los aserraderos que cuentan con ambas condiciones, de un total de 23, aunque ha precisado que estos acaparan, aproximadamente, el 80 por ciento de la producción.

Sobrecostes del tratamiento térmico

Esta acción preventiva, que hace alcanzar los 56 grados en el corazón del producto, implica unos sobrecostes para la transformación y, en el caso de algunos subproductos —serrín, puntal—, ni siquiera es aplicable. Para ellos, el plan de prevención reclama astillar, lo que también supone un incremento en el coste.

De esta forma, si a los aserraderos les costaba siete euros producir un metro cúbico de corteza, la aplicación de calor eleva el valor a los 12 euros, ha ilustrado Castro. "Astillar —por su parte— también hace preciso contar con instalaciones especializadas que no existen en la zona", ha añadido Oróns.

La salida que les queda a los dueños de los aserraderos es "malvender" el subproducto —alrededor de un 35 por ciento de la producción total—, ha lamentado Castro.

Camiones toldados para el transporte seguro

Otra de las cuestiones a las que se opone Fearmaga, que pretende evitar un "futuro muy negro" para el sector, puesto que los efectos de la cuarentena se prolongarán durante dos años, es a las restricciones para la movilidad de la madera. Ante esto, propone el uso de camiones toldados y la garantía de transportar el producto junto a "toda la información" precisa para certificar sus buenas condiciones y la seguridad.

En un radio menor de 1,5 kilómetros alrededor del punto en que se encontró el nematodo, se determinó obligatoria, asimismo, la corta de todas las especies sensibles.

Niega una bajada de los precios

Acerca de esta madera, y sobre su venta, los responsables de Fearmaga han negado que se haya registrado una bajada en los precios que abonaron a los propietarios.

"No es cierto en absoluto", ha enfatizado Oróns, para reivindicar que se siguieron pagando entre 34 y 38 euros por el metro cúbico de producto e "incluso" hubo transacciones que llegaron a los 40 euros, puesto que ése ha sido siempre "el compromiso" de la industria en la zona.

Frente a esto, José Manuel Freiría, uno de los implicados, ha contrapuesto los 33 euros por "tonelada" que registran los precios de la subasta pública con la que la consellería, a través de la compañía Tragsa, comercializará la madera que taló de manera subsidiaria y por delegación de los dueños de las parcelas.

"cuanta menos intervención,

Más positivo"

Este es el valor de la madera "en cargadero", según ha explicado Oróns, para subrayar que en tales circunstancias "debería tener más precio". "La realidad demuestra que el propietario vende mejor si la vende a un aserradero o a un rematante", ha incidido, para proclamar que "cuanta menos intervención exista sobre un mercado de compra-venta, cualquiera que este sea, más positivo".

Por último, y preguntado por las perspectivas laborales de las empresas, Freiría ha asegurado que no se ha producido, por el momento, "ninguna suspensión de pagos", puesto que este es un sector "acostumbrado a padecer crisis" y que con ellas "se hace fuerte". Sin embargo, sí ha censurado la existencia de "demasiadas inspecciones" —mensuales y quinquenales— que, junto a los trámites administrativos, están "dificultando" su labor.