IU pide que los ERE irregulares se investiguen a fondo en el Parlamento y se diluciden responsabilidades políticas

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Jaén, Luis Segura, ha solicitado que los expedientes de regulación de empleo (ERE) en los que se han detectado irregularidades en las ayudas de la Junta a empresas en crisis se investiguen "a fondo" en el Parlamento andaluz, así como la asunción de responsabilidades políticas que se deriven del resultado.

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Jaén, Luis Segura, ha solicitado que los expedientes de regulación de empleo (ERE) en los que se han detectado irregularidades en las ayudas de la Junta a empresas en crisis se investiguen "a fondo" en el Parlamento andaluz, así como la asunción de responsabilidades políticas que se deriven del resultado.

Así lo ha afirmado Segura en un comunicado tras la publicación de nombres de dirigentes y ex dirigentes de la UGT de Jaén y ex militantes del PSOE de Torredonjimeno y Baeza como presuntos implicados en una trama de la que podrían haberse malversado más de 647 millones de euros, razón por lo que ha considerado "urgente" poner en marcha una Comisión de Investigación en la Cámara autonómica.

De esta forma, se une a la petición formulada por el coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas. Al respecto, Segura ha apuntado que desde el punto de vista judicial es fundamental castigar penalmente las conductas fraudulentas o delictivas que hayan podido producirse y rescatar los recursos públicos que se hayan podido malversar, mientras que desde el ámbito político también es necesario delimitar las "responsabilidades políticas e institucionales de quienes, entre otras funciones, tienen la de garantizar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos".

Para el coordinador provincial de IU en Jaén, esta presunta trama de corrupción debe aclararse y desvelarse por completo, tanto por su cuantía económica como por la naturaleza de los fondos presuntamente desviados: recursos públicos que deben dirigirse a solventar o paliar situaciones muy difíciles para los trabajadores afectados por dificultades de viabilidad de sus respectivas empresas.

"El Estado de Derecho sin duda seguirá su curso en este tema, pero las instituciones públicas también deben recorrer el suyo y éste pasa, inexorablemente, por una investigación parlamentaria a fondo, en primer término, y por la asunción de las responsabilidades políticas que de aquella se deriven, en segundo lugar", ha concluido Segura.

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