La Audiencia estudia la redención de 230 presos, entre ellos 180 etarras

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha pedido a Instituciones Penitenciarias que revise los casos susceptibles de verse afectados por la nueva doctrina del Tribunal Supremo de cumplimiento de penas en prisión, entre ellos los de etarras, según han informado fuentes judiciales.

El Supremo decidió hace pocos días estimar el recurso de casación del etarra Henry Parot en el que pedía que se acumulasen las 26 condenas que pesan sobre él, pero computándosele los beneficios penitenciarios respecto de cada una de ellas individualmente, con un máximo de 30 años.Ahora la Audiencia pide a Instituciones Penitenciarias que revise los casos de los presos que puedan verse afectados por tener penas múltiples de acuerdo con el Código Penal de 1973, que se estima

son unos 230, entre los que hay condenados por narcotráfico, asesinatos en serie, delincuencia económica y terrorismo, añadieron las fuentes.

Según estos datos, unos 184 son miembros de ETA, de los que 13 iban a quedar en libertad este año.

Así, al igual que Henri Parot vería retrasada su salida de prisión hasta 2020, Domingo Troitiño, condenado por 21 asesinatos en Hipercor en Barcelona, no saldría hasta 2017, en lugar de en mayo de este año.

Sin efecto retroactivo

El primero que se va a ver afectado por la nueva doctrina es Ignacio Gaztañaga, que iba a salir este mes de marzo y se quedará hasta 2018.Esta medida del Supremo no tendrá efecto retroactivo, es decir, no afectará a quien disfruta ya de libertad condicional. Además, la Audiencia ha pedido a Instituciones Penitenciarias que vuelva a calcular las redenciones que estaba aplicando para que se acoplen a la nueva doctrina del Supremo.

El presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, confirmó a la Cadena SER que la sentencia afectará a otros condenados por el Código Penal de 1973, no sólo a los etarras.

La posible liberación de Parot considerado como uno de los miembros más sanguinarios de ETA y condenado a cerca de 5.000 años de cárcel, desató un duro enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular.

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