La reciente reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) "impone" a las televisiones privadas la emisión de bloques electorales con reparto proporcional de los tiempos entre los partidos conforme a los votos de las elecciones anteriores.

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y varios directores de informativos de las cadenas se han declarado en pie de guerra contra lo que consideran una "imposición" y un "atentado contra la libertad de información".

Pero, expertos como el catedrático de Derecho Constitucional Teodoro González Ballesteros alertan de que en el artículo 66 de la LOREG no constan las palabras "bloques electorales".

El citado artículo señala que las privadas "deberán respetar" también (como las televisiones públicas) los principios de "proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente".

González expresa sus dudas de que la Junta Electoral, "donde hay varios catedráticos de derecho constitucional, se vaya a meter en estos berenjenales" y reitera la "confusión" que despierta el artículo.

Para González, se trataría de una "imposición inconstitucional" que afectaría a la libertad de expresión de las privadas y cuya filosofía deja el asunto "a la interpretación personal de cada televisión".

Para la FAPE, la "obligación" a las cadenas privadas de respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad, "es un nuevo intento de imponer límites al periodismo".

Su vicepresidente, Nemesio Rodríguez, señala que es un "atropello profesional" y que emitir "propaganda electoral" bajo la etiqueta de información, "atenta contra el derecho de los ciudadanos a recibir información libre y veraz con la que conformar sus propias opiniones".

"Establecer, como hace la Ley, que los contenidos electorales se sujeten a las 'instrucciones' que a tal efecto elabore la Junta Electoral, atenta contra el derecho de información, supone un intento abusivo de restringir el ejercicio del periodismo y vulnera el artículo 20 de la Constitución en relación a la libertad de información", asevera.

Esta semana la presidenta de la FAPE, Elsa González, el presidente de la APM, Fernando González Urbaneja, y Nemesio Rodríguez ha propuesto a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra los citados bloques.

Tras entregarle la documentación en la que sustentan la solicitud de inconstitucionalidad, Cava de Llano se comprometió a examinar "con mucha atención" la propuesta, que "no es un tema fácil", dado que la citada reforma legislativa fue aprobada con un amplio consenso parlamentario, según la APM.

Para UTECA, el citado artículo de la LOREG "menoscaba" derechos fundamentales y "recorta" la libertad de prensa.

Su secretario general, Jorge del Corral, recuerda que desde UTECA ya se ha opinado que el hecho de que las televisiones públicas tuvieran que atender a la emisión de los bloques electorales "era un contrasentido".

Los editores tampoco se han mostrado ajenos a esta reforma de la ley electoral, y ya en octubre advirtieron de que ahora se abre la puerta para que la Administración pueda "entrometerse" en la selección de contenidos informativos que realizan los profesionales de los medios de comunicación privados.

En un cuestionario, remitido por la APM a un total de 16 responsables de informativos, Gloria Lomana (Antena 3) señala que se trata de una "coacción" a la libertad de expresión, mientras que Juan Pedro Valentín (Cuatro) considera que hay un "cierto tufo" a control político y Maite Fernández (subdirectora de TVV) opina que es un atropello a la libertad real de información.

Ahora, la última palabra se encuentra en manos de la Junta Electoral.