La propuesta fue presentada conjuntamente por el PP, PSPV-PSOE y EU-Entesa. Las Cortes han alegado deficiencias técnicas y una ubicación inadecuada, ya que se sitúa en una zona residencial y agraria. Además, los vecinos de la zona habían presentado 25.954 alegaciones al Ministerio de Medio Ambiente. Ahora está en manos de la Generalitat paralizar el proyecto, pues la empresa debe tener una autorización medioambiental suya para poder continuar adelante, aunque la decisión final recae en el Ministerio.