En un comunicado, sostiene que el departamento autonómico tiene que garantizar "el derecho fundamental a la escolarización" de la menor, que podría "incurrir en una infracción grave y ser expulsada del centro durante tres días si sigue llevando esta prenda".

Al respecto, recuerda que la ley "exige la escolarización de los menores" y añade que en este caso debe garantizarse "que la niña pueda asistir a clase en un centro público".

Además, se pregunta quién se va a hacer responsable "de los daños que está padeciendo por la discriminación de la que está siendo víctima".