El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, va a proponer al presidente de la Cámara Baja, José Bono, que se suprima la aportación que mensualmente realizan todos los diputados (el diez por ciento de su asignación constitucional) a un fondo de previsión social, alegando que "no es lógico que el Congreso nutra un fondo de pensiones privado cuando se están introduciendo recortes en el público porque es un mal ejemplo".

Según ha avanzado el propio Jorquera a Europa Press, ésta será una de las ideas que los nacionalistas gallegos trasladarán por carta la próxima semana también al presidente del Senado, Javier Rojo, en respuesta a la iniciativa que los presidentes de las Cámara activaron hace dos semanas para sondear a los grupos sobre la posibilidad de revisar los complementos de pensiones vigentes desde 2006 para sus señorías.

Rojo y Bono optaron por abrir este debate después de que Mariano Rajoy pidiera suprimir las pensiones parlamentarias por considerarlas "un privilegio". Pero, además, los presidentes de ambas Cámaras pusieron encima de la mesa la eventual revisión del régimen de incompatibilidades de los parlamentarios y la posibilidad de dar más transparencia a su patrimonio privado.

La mayoría de las formaciones ven con buenos ojos que se publicite el patrimonio y la renta de los parlamentarios, y no sólo a sus actividades extraparlamentarias, que son públicas desde hace un año, y también apoyan que se refuerce el sistema de incompatibilidades. Sin embargo, no existe la misma disposición sobre los complementos de pensiones que las Cortes tienen previsto para diputados y senadores una vez que alcancen la edad de jubilación.

El ejemplo de castilla la mancha

Partidarios de hacer público el patrimonio y los ingresos de todos los diputados y senadores se han mostrado el PSOE, el PNV, RC, IU, ICV, Coalición Canaria (CC), BNG y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

En concreto, los socialistas propondrán que diputados y senadores estén obligados a hacer públicos todos sus bienes, incluyendo los ingresos y las rentas que reciban "por cualquier concepto", y su patrimonio mobiliario e inmobiliario. El propio José Bono ya ha avanzado su apuesta por publicar las declaraciones de bienes y de rentas pues de hecho ya lo llevó a cabo en Castilla-La Mancha cuando era presidente autonómico.

Desde el PP, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, explicó esta semana que su partido está estudiando la fórmula más adecuada para dar "mayor transparencia" a los bienes de los parlamentarios, si bien criticó que Bono sólo aceptara hace "escasas fechas" dar publicidad las actividades extraparlamentarias de los diputados y senadores, y ahora haya cambiado de parecer.

También ERC e IU-ICV, al igual que los nacionalistas gallegos y la diputada de UPyD, Rosa Díez, se han mostrado partidarios de "la máxima transparencia" porque creen que ayudará a mejorar la imagen de la clase política. Más cauto en este punto se ha mostrado el diputado de UPN, Carlos Salvador, quien si bien no se cierra a dar ese paso, avisa de que "la excesiva publicidad" puede ser "contraproducente" amén de la existencia de ETA.

Dedicación exclusiva al escaño

Con respecto al vigente régimen de incompatibilidades de los parlamentarios, el PP busca la fórmula más adecuada para que la actividad parlamentaria esté "absolutamente garantizada" y el PSOE no ha especificado si apoyaría su posible reforma. Por el contrario, la izquierda parlamentaria, el PNV, el BNG y UPyD defienden la necesidad de limitar las actividades de diputados y senadores quienes, a su juicio, deberían tener dedicación exclusiva al escaño por el que han sido elegidos.

Concretamente, el PNV recalca que quien cobre un sueldo público no debería tener dobles o terceros sueldos de la actividad privada, ni de los partidos políticos o de las fundaciones, y tampoco compatibilizar dos retribuciones públicas. También el BNG es partidario de reforzar el concepto de dedicación exclusiva, si bien sugiere establecer ciertas excepciones, como la gestión de herencias o de patrimonios familiares.

Desde UPN se aboga por comenzar a estudiar las incompatibilidades en las que podrían incurrir los diputados y senadores que compatibilizan su escaño con una alcaldía. Tanto Coalición Canaria como los nacionalistas catalanes entienden, en cambio, que no hay motivo para derogar la vigente compatibilidad entre alcalde y diputado pues enriquece al Parlamento, aunque sí tienen claro que sólo debería percibirse uno de los dos sueldos.

Más matices con las pensiones

Respecto a los complementos de pensión, que hasta hace una semana sólo cuestionaba públicamente Rosa Díez, las opiniones de los grupos parlamentarios son más matizadas. Así, los socialistas no quieren eliminar sin más el actual modelo de pensiones parlamentarias sino estudiar si realmente existen situaciones de "privilegio" y proponer vías para cortarlos. Eso sí, teniendo en cuenta que puede darse el caso de diputados que necesiten esa prestación y a los que no se les puede dejar "tirados en la calle", según su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso.

Desde el PP defienden la necesidad de que los parlamentarios tengan exactamente los mismos derechos que el resto de trabajadores, un asunto que incluyeron en una proposición no de ley que no llegaron a registrar y que ahora harán llegar a Bono.

ERC recuerda que son "muy pocos" los parlamentarios que han accedido a esta prestación, mientras que Gaspar Llamazares (IU) defiende que los diputados no han de tener privilegios "pero tampoco perjuicios" por su actividad.

Desde el PNV se defiende la necesidad de llevar a cabo "un ajuste riguroso" del sistema de complementos de pensiones. Eso sí, recalcan que debería estudiarse caso por caso y mantener esa prestación para quienes no pudieron cotizar a la Seguridad Social por encontrarse en el exilio o en la cárcel.

Ajuste "riguroso"

Parecido argumento esgrimen los portavoces de CC y BNG, Ana Oramas y Francisco Jorquera, quienes defienden la necesidad de "acotar" los complementos de pensión de los parlamentarios, sin olvidar el fundamento por el que se decidió establecerlos y facilitar el tránsito de la vida pública a la privada.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, está dispuesto a estudiar una revisión, pero insiste en que el coste de los complementos de pensión es "insignificante" para el Presupuesto de las Cortes Generales. Actualmente, las Cortes destinan un millón de euros anuales a este concepto.

Por su parte, Rosa Díez, remitirá una nueva carta a Bono en la que le recordará las iniciativas que en este sentido ha venido planteando sin éxito a las Mesas conjuntas del Congreso y del Senado, así como el contenido del voto particular que sobre esta cuestión presentó a las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo.

Esa iniciativa, que sólo recabó el apoyo de Unión del Pueblo Navarro (UPN), además de la eliminación de los complementos de pensiones a diputados y senadores, pedía al Gobierno regular la protección social de los parlamentarios para incluirlos en el régimen de Seguridad Social común a todos los ciudadanos, un planteamiento que apoyan los nacionalistas canarios.

Aunque la propuesta de Bono y Rojo se circunscribe sólo a los parlamentarios, ERC, IU, ICV, el BNG y UPyD aprovecharán la oportunidad para reclamar que se revise también el mantenimiento de pensiones a ex presidentes del Gobierno y otros altos cargos que a la vez perciban retribuciones del sector privado, como es el caso de Felipe González y José María Aznar, que acaban de ser 'fichados' respectivamente por Gas Natural-Fenosa y Endesa y reciben unos 80.000 euros anuales del Estado en su condición de ex presidentes.