La labor del exministro de Trabajo Manuel Pimentel como árbitro en la negociación del nuevo convenio de los controladores aéreos se ha iniciado este martes en medio de las diferencias entre las dos partes sobre el grado de acuerdo alcanzado hasta ahora.

Aena asegura que se ha llegado a un acuerdo respecto a todos los temas fundamentales del II Convenio Colectivo, mientras que los controladores cifran en tan sólo un 10 % los puntos pactados.

El portavoz del sindicato de los controladores aéreos (USCA), César Cabo, indicó a los medios de comunicación, que, además de las cuestiones salariales, que se firmaron ya en el acuerdo del 13 de agosto, sólo se ha logrado un pacto en prevención de riesgos laborales, que supone un 5 % del total.

Cabo hizo estas declaraciones antes del inicio de una reunión de los representantes de la empresa y del sindicato con Pimentel, quien arbitrará a partir de ahora las discrepancias entre ambas partes, después de no haberse logrado un pacto negociado en el plazo que concluyó ayer.

Sin embargo, fuentes de Aena aseguran que todas las materias clave están cerradas y sólo quedan algunos flecos como la jornada laboral o la distribución de la masa salarial (los complementos de adaptación a la nueva jornada y de productividad).

Tampoco se ha resuelto la designación de los cargos de responsabilidad, que Aena considera que depende de la decisión de la empresa, mientras que USCA quiere que se asignen por antigüedad, y la incorporación de nuevos controladores.

Además del tema de prevención de riesgos laborales, en las últimas semanas de negociación se ha sellado también el tema de excedencias para los controladores, cuyas torres de control serán liberalizadas próximamente.

Según fuentes de Aena, se ha establecido una modalidad de excedencia para cinco años que permitirá, previo pacto, la reincorporación automática del trabajador a las mismas dependencias.

El portavoz de USCA coincidió en señalar que durante este mes y pico de negociación no se han tratado materias salariales, ya que es un asunto cerrado en el acuerdo alcanzado con Aena el 13 de agosto pasado, y por tanto no hay ningún tipo de reivindicación en este sentido.

"Ya se nos ha rebajado el sueldo en un 40 % y lo acatamos", destacó, para añadir que lo que se está discutiendo es la jornada laboral, el tema más complejo, la carrera profesional y otros aspectos técnicos de la profesión.

No obstante, se mostró optimista ante el arbitraje y dijo que los controladores esperan que a finales de febrero recuperen la normalidad, de la que nunca desearon salir.

Asimismo, agregó que el colectivo no se plantea ninguna acción aparte del arbitraje, ya que confía plenamente en la figura del árbitro asignado. "Sólo queremos estar tranquilos y que los aviones vuelen", insistió.

El portavoz de USCA, que agrupa al 95 % de unos 2.400 controladores, explicó que no ha sido posible consensuar un convenio con Aena en el plazo establecido, porque la empresa "no ha demostrado en todo ese tiempo la voluntad real de negociar".

Los controladores también han echado en falta la participación activa del secretario general de Transportes, José María Cachafeiro, que en su momento dijo que se iba a implicar en el proceso y fue "un motivo de esperanza para el colectivo", pero al final no ha sido así.

Cabo recordó que ahora se abre el período de arbitraje para un problema que es únicamente laboral, aunque "bastante complejo y técnico", ya que hay que tener en cuenta tanto las recomendaciones de Eurocontrol y de la OACI, Organización Internacional de la Aviación Civil (la agencia de las Naciones Unidas que regula la aeronáutica mundial), como económicos (tendencia a la privatización y el espacio aéreo único, entre otros).

Por tanto, el árbitro va a tener a su disposición, si lo requiere, a mediadores internacionales que le podrán informar de todas las materias que tiene que regular, porque "es un tema laboral, pero con muchos tecnicismos", insistió.

A lo largo de este mes de febrero, Pimentel dispondrá de toda la documentación necesaria para que pueda avanzar en el proceso.

Los controladores siguen reivindicando un convenio y un marco laboral estable, similar a los de sus compañeros europeos y esperan recuperar la estabilidad laboral cuando el árbitro dicte el laudo, para lo que dispone de plazo hasta el 28 de febrero.