El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, José María Mazón, considera que hay "excesivo rigor" por parte de los tribunales a la hora de aplicar las leyes, por lo que les pide que tengan en cuenta "las consecuencias" de los fallos, ya que la mayor parte de las veces la situación no es "ni blanco ni negro", sino "gris", y hay que valorar "muchas cuestiones".

Mazón se ha expresado así en una entrevista a RNE en la que ha participado Europa Press y en la que se ha referido a la sentencia de la Audiencia Nacional que declara ilegal el Bitrasvase del Ebro, así como a otras cuestiones relacionadas con su departamento, como las sentencias de derribo y la reforma de la Ley del Suelo, el PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) de El Bojar, el Centro de Procesos de Datos (CPD) que el Banco Santander construye en Solares (Medio Cudeyo) o el Pacto por la Vivienda, suscrito entre el Ejecutivo regional y los agentes sociales, y que no está teniendo los resultados esperados.

A propósito de la sentencia del Bitrasvase, el consejero ha reflexionado que un juez o una sala pueden tener una "interpretación errónea" sobre un asunto, pero ha recordado que "siempre hay una instancia" ante la que se puede recurrir, como es el Tribunal Supremo en este caso.

También ha considerado que si bien la tramitación administrativa tiene una "importancia muy grande", se ha "complicado tanto" entre "todos" que resulta "muy difícil no cometer ningún error", como en su opinión ha ocurrido en el Bitrasvase, donde la anulación deriva de una cuestión "bastante formal" (el Ministerio de Medio Ambiente delegó en la Comunidad Autónoma la evaluación de impacto ambiental cuando el trámite competía al Estado, al ser una obra de interés general).

En relación a la reforma de la Ley del Suelo para permitir que las indemnizaciones patrimoniales se puedan reclamar antes de que sea efectiva la demolición, el consejero ha precisado que "esto no quiere decir que no haya que proceder al derribo efectivo, ni mucho menos".

Se trata, según ha dicho, de una "modificación paralela" que no significa que "se arreglan problemas como legalización y cosas así". En este sentido, Mazón ha explicado que "la tarea sigue" en materia de derribos.

Entre los trabajos pendientes, figuran los informes y propuestas que los ayuntamientos afectados por sentencias de demolición tienen que remitir a la Comisión de Urbanismo. En este sentido, ha indicado que el ritmo de los consistorios es "variable", ya que algunos "van más rápidos que otros".

Tras reconocer que le hubiera gustado que "estuvieran más avanzados" estos trabajos, Mazón ha instado a los municipios a que "se den prisa" ya que tras las reuniones que mantuvieron con la Consejería "hay que continuar" trabajando, "no aflojar".

En relación a si la culpabilidad de los derribos recae en el Ejecutivo o en los ayuntamientos, el consejero ha precisado que no van a "hacer una batalla" de este asunto, siempre y cuando "esté claro" el culpable.

Así, admitirán los informes jurídicos y los pronunciamientos de los tribunales cuando estén "en una línea muy clara", mientras que cuando no esté claro "defenderemos lo que se considere justo". "Se irá viendo caso a caso", ha manifestado.

En cuanto a la demora en la búsqueda de soluciones para los afectados por derribo, el titular de Vivienda ha señalado que "nadie está engañado" ya que "todo el mundo sabe las dificultades que hay" y que "no todos los casos son iguales".

También ha confesado que le "preocupa" que se repita "tanto" la palabra legalización en el sentido de que se fuera a "legalizar lo ilegal", ya que "no es así", ha insistido.

Psir bojar

Por otro lado, Mazón se ha referido al PSIR de El Bojar, asunto que ya está "resuelto" en el sentido de que la Consejería que dirige ha llevado a la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) el "desestimiento" de este proyecto, ya que existe una "solución" que se va a desarrollar junto con los ayuntamientos afectados, Camargo y Bezana, que han ofrecido "suelo suficiente" para construir viviendas de protección oficial (VPO).

En cualquier caso, esto no quiere decir que los representantes de la Consejería, que no son "perfectos", hayan "hecho mal las cosas", ya que "la intención era buena" y era "la que había que hacer en su momento". Como ha señalado a continuación, "a veces las cosas se complican", cambia la coyuntura y surge "otra solución".

Bunker del santander

En otro orden, preguntado por el CPD que el Banco Santander construye en Solares, Mazón ha precisado que si bien su Consejería ha trabajado en este proyecto, quien "ha puesto el dinero" es la entidad financiera y su presidente, Emilio Botín, que tienen el "mérito fundamental".

Entre las actuaciones de su departamento, que se ha "volcado" con la iniciativa, el consejero resalta el enlace en la Autovía del Cantábrico (A-8) a su paso por el municipio, que va a permitir salir directamente a la obra, sin tener que atravesar todo el casco urbano de Solares.

Mazón ha reconocido que el 'búnker' atravesó por un momento "difícil", ya que cuando se estudiaba su implantación en Santander tenía una competencia "muy importante" en Sevilla, desde donde ofrecían suelo gratis para construir el Centro.

Y aunque a él le "gustaba mucho" el emplazamiento previsto en la capital cántabra, en las inmediaciones del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), Solares es "un sitio extraordinario".

Al hilo de lo anterior, y tras recordar que el Ayuntamiento de Santander "no quiso apoyar" un PSIR para hacer directamente la obra sino que estaba pendiente del a tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Mazón ha indicado que el Banco tenía "mucha prisa" ya que las instalaciones eran "necesarias para su expansión internacional" y la entidad no podía "perder un año más".

Pacto por la vivienda

En relación al Pacto por la Vivienda, suscrito entre el Ejecutivo y los agentes sociales, Mazón ha enfatizado que si bien es "muy bueno", está "funcionando relativamente", ya que no se están firmando todos los contratos que "deseábamos".

Así, el número de operaciones —que no ha precisado— es "muy inferior al previsto", lo que ha achacado a la "desconfianza" de los ciudadanos y a las dificultades para acceder a un crédito. "La coyuntura es mala y la gente todavía no se ha animado", ha comentado.

En cualquier caso, ha asegurado que se trata de una iniciativa interesante, tanto para promotores como para entidades financieras, y "un chollo" para los compradores, debido a las facilidades de crédito durante los primeros ocho años, a partir de los cuales "se supone" que habrá "otra coyuntura".

Ha recordado que el acuerdo, que no tendrá ningún coste para la Comunidad Autónoma, es válido para viviendas libres inferiores a 245.000 euros, y ha animado a los compradores ya que supone una "muy buena oportunidad" para adquirir una vivienda.