El Ayuntamiento de Málaga instará al Gobierno central a que impida las prospecciones de hidrocarburos en el litoral malagueño, mostrando su rechazo a la posibilidad de que se realicen estos sondeos, que afectarían a los intereses turísticos, económicos y medioambientales de la provincia, según se ha acordado en el pleno de este jueves al aprobar por unanimidad una moción del equipo de gobierno del PP.

El Pleno del Consistorio malagueño ya aprobó el pasado 24 de junio por unanimidad transmitir al Gobierno la necesidad de adoptar un acuerdo que impidiera, en aguas españolas o internacionales cercanas, la exploración y explotación de recursos petrolíferos en el Mediterráneo.

Ante esta moción, la portavoz del PSOE, Begoña Medina, aunque la ha apoyado, ha criticado la "demagogia" del PP y ha llamado la atención sobre el hecho de que lo que se debate ahora es una prórroga de un permiso anterior que fue concedido por el Partido Popular en 2004 cuando gobernaba en el Ejecutivo central. "Nos encanta que cambien de opinión y ahora que están en la oposición en Madrid sean más ecologistas que nadie", ha ironizado.

De todos modos, la concejala socialista ha precisado que la prórroga de esa autorización, que sería sólo para investigar, aún no se ha concedido, añadiendo que "desde el Gobierno se mirará con lupa que los estudios ambientales exigidos cumplan la legalidad".

El responsable de IU, Pedro Moreno Brenes, ha considerado, en esta misma línea, que "la sensibilidad ecológica y el sentido común" que defiende ahora el PP "tenía que haberlos mostrado cuando dio esas autorizaciones". Se ha preguntado, por tanto, si los 'populares' "han cambiado su sensibilidad y respeto al medio ambiente y se han hecho ahora ecologistas o es que se apuntan a estas causas".

Ante esto, la portavoz del PP, Carolina España, que ha defendido la moción, ha dejado claro que su grupo estaba en contra de que el PP concediera en 2004 ese permiso, pero también de que el PSOE lo prorrogase posteriormente. Tal y como ha afirmado, "nos preocuparemos menos si dejar de dar prórrogas".

En la moción del equipo de gobierno del PP, se lamentaba que el Ejecutivo central hubiera hecho "caso omiso" al requerimiento anterior de la Corporación malagueña en el pleno, insistiendo en la necesidad de adoptar un acuerdo que impida prospecciones de gas o petróleo en la Costa del Sol. Asimismo, se elevará una queja formal al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por su "incumplimiento" de información a los ayuntamientos afectados por esta decisión.

En caso de que el Gobierno no suspenda los permisos concedidos, el Ayuntamiento contempla recurrir el acuerdo, ordenando el inicio de las acciones en derecho que resulten necesarias para dejar sin efecto esta decisión gubernamental.

De igual modo, se reclamará a la Junta de Andalucía que cree una comisión delegada para la coordinación de acciones contra las prospecciones de hidrocarburos que puedan afectar a la costa de Málaga y que adopte las resoluciones oportunas en contra de las investigaciones en este sentido en el litoral.

Antigua cárcel

También la antigua prisión provincial de Málaga, ubicada en el distrito de Cruz de Humilladero, ha sido protagonista del pleno de este jueves, con dos mociones: una del equipo de gobierno, que fue aprobada por unanimidad, y otra de IU, que, pese a tener los votos a favor del PSOE, contó con el rechazo del PP.

Así, según la moción aprobada, se solicitará a la Administración central que proceda "definitivamente" a la cesión al Consistorio de las instalaciones de la antigua prisión provincial, de manera que puedan convertirse en un equipamiento de carácter social.

La concejala responsable del distrito Cruz de Humilladero, Teresa Porras, ha recordado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, remitió el pasado 7 de enero un escrito al subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, reiterándole la solicitud de devolución de la antigua cárcel tras haber dejado de tener el uso para el que el Ayuntamiento cedió el terreno.

Porras ha incidido en que, en cuanto el Consistorio tuvo conocimiento de la intención de cerrar de forma definitiva la antigua prisión por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, dentro del plan de amortización y creación de centros más modernos, comenzó a reclamar por escrito a las autoridades implicadas que este equipamiento volviera a estar en manos del Ayuntamiento con el objetivo de darle un uso público.

Sin embargo, hasta que este edificio no sea definitivamente cedido por el Gobierno central al Ayuntamiento de Málaga, éste "no podrá acometer las reformas y dotaciones necesarias", ha dejado claro la edil del PP.

Asimismo, ha apuntado que la Gerencia Municipal de Urbanismo lleva desde mediados de 2009 solicitando información y la realización de una visita a las instalaciones para hacer un estudio de la situación del edificio, "sin obtener respuesta", ha lamentado. De hecho, estas peticiones se volvieron a hacer el pasado mes de septiembre, así como una tercera vez en diciembre.

La voluntad del equipo de gobierno, según Porras, es dar una utilidad de carácter social a las instalaciones de la antigua prisión; no obstante, ha reiterado que "esto no podrá hacerse sin que antes el edificio sea devuelto a la ciudad".

Moción de iu

En cuanto a la iniciativa de IU, ha sido rechazada por el PP porque en sus tres últimos puntos contemplaba solicitar el cumplimiento de los acuerdos plenarios recogidos en una moción institucional aprobada en abril de 2009 para que, una vez que se tuviera la titularidad de los terrenos y del inmueble, se continuara trabajando en dar uso social y ciudadano a estas instalaciones, destacando por ejemplo, el Centro Museo Documental de la Memoria Histórica, así como proceder de forma urgente a la limpieza y mejora de este equipamiento y de su entorno para "dignificarlos".

Según la justificación de la concejala de Cruz de Humilladero, no se aceptaban estos puntos únicamente porque no se podrían acometer hasta que el Ejecutivo central procediera a la cesión de estas instalaciones al Ayuntamiento malagueño. Al respecto, Moreno Brenes ha considerado que la decisión del PP es "uno de los mayores ejemplos de incoherencia".

Finalmente, la concejala del PSOE Carmen Acosta ha subrayado durante su intervención en el pleno que su grupo "ha defendido siempre que este espacio sea para disfrute de los ciudadanos", pese a lo cual, Porras ha acusado a los socialistas de "intentar buscar rendimiento político" con este asunto.

Subdelegación del gobierno

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, ha informado, por su parte, que ha transmitido la petición de De la Torre al Gobierno, por lo que espera que haya próximamente un contacto para "intentar llegar a un final feliz". No obstante, ha advertido de que "lo que no se puede hacer es una permuta simple" porque "la antigua prisión tiene más valor que la parcela que cedió el Ayuntamiento para instalar el Centro de Inserción Social", en el polígono Guadalhorce.

López Luna ha recordado este jueves a los periodistas que "desde hace mucho tiempo se está en negociaciones" entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Málaga, al tiempo que ha asegurado que ha mediado para "intentar definitivamente resolver la titularidad o transferencia que se haga". "Son cuestiones que llevan tiempo porque, lógicamente, cada parte defiende intereses específicos", ha afirmado, reconociendo, sin embargo, que "se tienen que aproximar".