La consellera de Cultura, Trini Miró, ha asegurado que para su departamento la cuestión sobre la reversión del Teatro Romano de Sagunto (Valencia) es "agua pasada" después de que una resolución judicial reconociera la "imposibilidad legal" de devolver el monumento al estado anterior a la rehabilitación realizada por los arquitectos Grassi y Portaceli.

Miró ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre la intención del abogado Juan Marco Molines —impulsor del proceso judicial contra la restauración del Teatro Romano— de remitir un escrito en el que solicitará la ejecución forzosa de la sentencia emitida en el año 2000 por el Tribunal Supremo por el que se ordenaba revertir a su estado original las obras de restauración.

Al respecto, la titular de Cultura ha recordado que la Conselleria dispone de un pronunciamiento judicial que estima el expediente de inejecución de sentencia que presentó el Gobierno valenciano por lo que "el tema ha quedado resuelto".

Miró ha mostrado "todos los respetos" a Marco Molines, quien "está en su derecho de poner las denuncias que quiera y de enfrentarse las veces que quiera a la Conselleria". "Lo entiendo perfectamente pero para nosotros es ya agua pasada", ha aseverado.

Por su parte, Juan Marco Molines ha señalado a Europa Press que aún se encuentra trabajando en el escrito para solicitar la ejecución de sentencia y que pretende remitir, "a más tardar", la semana próxima.

El letrado ha considerado que el asunto no es en modo alguno agua pasada y ha opinado que "lo peor que se puede hacer es no aceptar los hechos consumados". Ha insistido en que existe un sentencia del Supremo que avala la reversión de las obras y ha señalado que "cada día tiene más respaldo" para continuar adelante con su reivindicación, lo que le anima, ha dicho.

En noviembre de 2009, después de un largo proceso judicial, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) declaró firme la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que estimó que existía una "causa de imposibilidad legal" para ejecutar la sentencia del propio TS que obligaba a demoler las obras de rehabilitación ejecutadas en el monumento por Grassi y Portaceli, al inadmitir un recurso interpuesto contra esta resolución por Marco Molines.