El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía se han mostrado en contra del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta y ha expresado su "total apoyo y adhesión" a los ingenieros agrónomos que prestan su servicio en la función pública y que se manifiestan en contra de dicha reordenación, por lesionar, no sólo sus derechos, sino también los de aquellos que desean optar a una plaza por oposición libre en igualdad de condiciones, y los de la ciudadanía por su condición de administrados, ante la inminente pérdida de imparcialidad y profesionalidad de la Administración Pública".

Según ha indicado el Colegio en una nota, esta reordenación "convierte directamente en Administración Pública a empresas mercantiles, cuyos directivos pasarán a ser altos cargos o jefes de la Administración, adquiriendo directamente, al igual que todo su personal, la condición de empleado público, no respetando en ningún caso el sistema legal de acceso a dicha condición, por mérito y capacidad".

Considera que "a la vez lesiona las garantías de imparcialidad en el ejercicio de las potestades públicas, las cuales exclusivamente pueden ejercer los funcionarios, no respetando el principio de jerarquía en la Administración, todo ello poniendo en grave riesgo los derechos de los ciudadanos en general, entre ellos los agrónomos que en el ejercicio de su profesión hagan cualquier gestión ante la Administración andaluza, ya que ésta podrá perder su estructura funcionarial actual, si no es anulada la reforma, no garantizándose, a partir de ahora, la independencia, la imparcialidad, ni la igualdad de trato a la ciudadanía".

Por ello, el Colegio quiere expresar su "firme defensa de los principios constitucionales de mérito y capacidad para el acceso a la condición de empleado público, en particular, para los ingenieros agrónomos, y de la estructura jerárquica funcionarial de la Administración, como garantía de profesionalidad e imparcialidad con independencia del signo político gobernante".