"Odio". Es una de las palabras que Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, ha utilizado para intentar explicar la brutal agresión que sufrió el pasado fin de semana el consejero de Cultura de la región, Pedro Alberto Cruz. Odio con "connotaciones políticas". La violencia contra un cargo público, pocas veces vista en nuestro país fuera de contextos muy concretos como el del terrorismo, ha suscitado un fuerte debate sociopolítico, y eso que la Policía aún intenta encontrar a los supuestos culpables -hay un detenido- y sus motivaciones.

El Partido Popular señala al PSOE por su "comportamiento virulento" de las últimas semanas como instigador de los hechos; los socialistas creen que hacer una utilización política del asunto es "democráticamente un error". Para el politólogo Gonzalo Caro Sagüés es precipitado sacar conclusiones y determinar "móviles" -labor de las autoridades- cuando, además, hay precedentes cercanos: el periodista Hermann Tertsch fue atacado hace poco más de un año y tras varias acusaciones sonadas "todo quedó en una supuesta pelea de bar".

"Es pronto" para saber si la política ha tenido algo que ver y, aunque es evidente que el ambiente está bastante crispado, "es aventurado establecer una relación directa" entre las declaraciones de unos y las decisiones de otros. En esta agitación tienen mucho que ver los medios de comunicación, en opinión de Lola Frutos, socióloga y profesora de la Universidad de Murcia. En la región se vive un "malestar social democrático" pero dentro de un clima pacífico, explica, en relación a las recientes manifestaciones contra los recortes del Ejecutivo.

La agresión contra Cruz, dice Frutos, ha sido condenada por "todas las personas democráticas con el apoyo de todos los partidos", dice, añadiendo que el populismo y la falta de "pedagogía social" por parte de los gobernantes no suele ayudar demasiado. Las circunstancias económicas que vive la comunidad, con indicadores "negativos en paro, educación y sanidad" y unas cifras de endeudamiento grandes, tras una época clara de bonanza, han provocado protestas y acciones en la calle en las que "una minoría" ha aprovechado para despuntar.

Frutos explica que "nadie va a buscar a los políticos a su casa" y que lanzar huevos a una vivienda -la de Valcárcel, el pasado mes de diciembre- "no es un acto terrorista". Lo que ocurre allí y lo que después se refleja hacia el resto del país es muy distinto. En cuanto al ataque a Cruz, lo tiene claro: "Esto es un caso de delincuencia". Y también un caso aislado en tanto en cuanto "no hay uno cada día", apostilla Juan Díez Nicolás, Presidente de ASEP (Análisis Sociológicos, Económicos y Políticos) y catedrático de Sociología.

La agresión a Cruz no puede atribuirse a nadie más que al que la ha cometido -"los actos individuales son una cosa y los movimientos otra"-, el resto, apunta, "son hipótesis y entelequias". Pero sí existe, en su opinión, una responsabilidad de los políticos, cuya actitud de "insulto permanente" provoca muchas veces que los ciudadanos "se calienten", como pasa con los presidentes de los clubes de fútbol antes de un partido. "Luego, en las alturas, acaban poniéndose de acuerdo, usted no verá nunca a dos diputados pegar a un ministro".

No parece que las peleas que hemos visto en otros parlamentos del mundo -Taiwan, Argentina, Ucrania, etc.- vayan a repetirse aquí. En cualquier caso, nuestros representantes "deberían dar ejemplo" y, en primer lugar, practicar más la "crítica legítima", dice Díez. "Yo les pediría que hablaran de sí mismos, que se comprometieran, no de boquilla, a acabar con los tránsfugas y que cuando hubiera un dirigente bajo sospecha, dimitiera y se le suspendiera la militancia". Así, según el catedrático, mejoraría su imagen y el ambiente se relajaría bastante.

La calle quedaría entonces para la sociedad civil, para sus protestas "en contra o a favor de la Ley del Aborto o del Tabaco, etc.". Sin violencia. "La gente se escandaliza con lo que le ha pasado al consejero", dice Caro Sagüés, que descarta que actualmente y fuera de grupos de extrema derecha o izquierda, haya colectivos que hagan apología de este tipo de actos. Ni siquiera la crisis, coyuntura que podría propiciar movilizaciones más duras, ha provocado nada de esto. Ni aquí ni en Francia o Grecia, "países más próximos política y culturalmente" a nosotros.

Por último, y tal y como se ha podido leer en los últimos días, ¿caben las comparaciones con EE UU -el ataque contra la congresista Giffords que acabó con seis muertos- o la violencia en Euskadi? Para Caro Sagüés cada escenario es distinto y, por tanto, las equiparaciones son "complicadas". Por una parte, "el discurso beligerante del Tea Party no es el mismo que el de PP y PSOE"; por otra, el terrorismo da pie muchas veces "a la demagogia". Díez tampoco lo tiene nada claro, ya que "hoy es facilísimo tener ejecutores de lo que sea".

Le pareció "una ordinariez" adjudicar al grupo de Sarah Palin la culpabilidad de la masacre. La misma "frivolidad" llevó a tildar aquí de "asesinos" a los populares cuando se produjo la guerra de Irak o a insinuar una persecución de los socialistas hacia el PP de Valcárcel. Muchas veces estos excesos verbales vienen marcados por la agenda política, no en vano este año hay elecciones municipales y autonómicas y, en 2012, generales. En la pasada legislatura, recuerda Caro Sagüés, "el 11-M o la negociación con ETA" elevaron el tono general.

El consejero, que ya ha sido dado de alta y se recupera de sus heridas, ha sido el último en hablar sobre su propio ataque: Cruz ha apelado en la red social Facebook a la "libertad y la tolerancia". La delegación del Gobierno de Murcia no ha querido pronunciarse sobre este asunto a preguntas de 20minutos.es. Ahora todo queda en manos de los jueces, en lo que se refiere a la agresión y también a la denuncia por amenazas que el PP ha puesto por los comentarios anónimos vertidos contra varios cargos "y la hija del presidente" en varios medios. En referencia al joven detenido, este miércoles ha sido puesto en libertad, si bien José David B.L., que así se llama, tendrá que presentarse cada quince días en el juzgado.