Este hombre se dedicaba a contactar con inmigrantes en las oficinas de la Subdelegación del Gobierno, donde iban para informarse de cómo regularizar su situación. Allí se ganaba su confianza y les prometía darles trabajo en su constructora a cambio de 600 euros. El excesivo número de solicitudes de regularización de F. R. P. (más de 50) hizo saltar la alarma, ya que no tenía concertadas tantas obras que justificasen todos los contratos que iba a hacer.