La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha celebrado este viernes una jornada de estudio en Bilbao, en la que ha presentado un documento con más de 40 medidas en relación con determinados aspectos del régimen fiscal aplicable a las operaciones de reestructuración empresarial, que tiene por objeto poner de manifiesto los problemas planteados en la aplicación práctica de una normativa excesivamente compleja.

Según el delegado de AEDAF en el País Vasco, José Marcos Rodríguez, y el presidente de la Asociación, Juan Carlos López-Hermoso, éste es "un trabajo de continuidad iniciado con los estudios anteriores sobre Operaciones Vinculadas y sobre el artículo 108 de la LMV, que demuestra la posición activa" de la Asociación por "ir más allá de la queja o la identificación de problemas", y fomentar el debate con las instituciones públicas, de cara a mejorar la relación y contribuir a "disminuir la inseguridad jurídica".

En dicho documento, AEDAF ha identificado inicialmente 47 problemas en el actual régimen, fundamentalmente entre la ley de 2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles y el régimen fiscal especial del Impuesto de Sociedades, que generan inseguridad jurídica a la hora de abordar operaciones de reestructuración empresarial.

El objetivo de los asesores fiscales es contribuir al perfeccionamiento del régimen de neutralidad y evitar que la toma de decisiones empresariales pueda verse condicionada por razones de índole fiscal.

En este sentido, AEDAF menciona tres ejemplos de situaciones "graves" en donde la normativa tributaria provoca "situaciones de injusticia e inseguridad jurídica". Uno de ellos se da en el sector inmobiliario, de forma que "si se realiza una fusión entre empresas inmobiliarias, al acogerse al régimen fiscal especial, la operación puede causar tributación en el ámbito de otros impuestos en función de que la operación se considere sujeta o no al IVA, ya que si se considera sujeta tributaría por este impuesto, y si se considera no sujeta a IVA, la operación puede tributar por ITPO".

Otro ejemplo es, a nivel autonómico, el caso de las disoluciones de sociedades patrimoniales con inmuebles gravados por hipotecas. Según han explicado los expertos, estas disoluciones "están tributando actualmente al 7 por ciento en el ITPO, en las Comunidades Autónomas, en concepto de adjudicación expresa en pago de asunción de deudas por la subrogación en la hipoteca".

Sin embargo, han precisado, "según la disposición transitoria vigésimo cuarta del TRLIS, introducida por la Ley 35/2006, la disolución de una sociedad patrimonial no debía tener coste fiscal".

Todos estos aspectos, se resumen en lo que el presidente de AEDAF ha calificado de "inseguridad jurídica" en un escenario en el que las empresas terminan por "no saber qué impuestos deben pagar ni en qué casos". "Si una fusión, una escisión o cualquier otra modalidad de reestructuración societaria no encaja desde el punto de vista fiscal, no se hará, porque saldría más costosa que el beneficio a reportar", ha explicado López-Hermoso.

En ese sentido, ha indicado que el objetivo es lograr que el régimen fiscal de las reestructuraciones "se remita directamente a la norma mercantil, con independencia de los requisitos adicionales de la regulación en el ámbito tributario".