El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), gobernado por Marcos Agüera (PSOE), ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia del Juzgado de lo Social número uno que declara "nulo" el despido consumado sobre una trabajadora cuya relación laboral con el Consistorio fue interrumpida el mismo día en el que prosperó la moción de censura mediante la que los socialistas arrebataron la Alcaldía a IU-CA. El PSOE algabeño, además, advierte de que el caso deriva de los contratos "en fraude de Ley" promovidos por el anterior alcalde, José Luis Vega, a quien atribuye una estrategia de "compra de votos a cambio de puestos de trabajo".

En un comunicado, el PSOE de La Algaba reconoce que desde que Marcos Agüera accedió al poder mediante la citada moción de censura, el Ayuntamiento ha sido objeto de "numerosas demandas por despidos de un número importante de trabajadores cuyos contratos, en su totalidad, habían sido firmados por José Luis Vega". Tales demandas, según los socialistas, "acreditan que Vega ha practicado la compra de votos a cambio de puestos de trabajo durante los seis años que fue alcalde". Y es que el Gobierno municipal socialista ha descubierto "trabajadores que tenían prorrogados sus contratos de obra y servicios determinados durante once años, algo aberrante, por lo que hemos procedido a firmarles sus contratos indefinidos inmediatamente".

Según el PSOE, durante los años de gobierno de José Luis Vega, "muchos de estos trabajadores se veían obligados a sacarse el carné de IU su querían seguir teniendo el empleo, algo más propio de caciques que de gente de izquierdas". "Vega cometía fraude en la contratación de los trabajadores laborales y está luchando por los contratos de sus compañeros de partido. Todas estas contrataciones eran realizadas en fraude de Ley, contrarias a los informes de los técnicos municipales", señalan los socialistas, que esperan elevar estas prácticas a la Fiscalía al incluir partidas económicas derivadas de los convenios urbanísticos para fomentar estas contrataciones.

Según el PSOE, el ex alcalde y la ex concejal de Hacienda, María Isabel Fernández (IU-CA), ejercieron como testigos en los juicios relativos a las demandas formuladas "por sus compañeros de IU" contra estos despidos. "Tenían contratos como personal de confianza y ellos aseguraron a los jueces que, en realidad, desempeñaban labores como técnicos municipales, lo que ha producido algunas sentencias por despido improcedente y dos nulos, todos son militantes activos de Izquierda Unida".

La que fuera secretaria del ahora ex alcalde, según el PSOE, "ha cobrado más de 20.000 euros (en concepto de indemnización) cuando todo el pueblo sabe que jamás realizó labores como técnico". A tal efecto, los socialistas señalan que el TSJA resolverá si la trabajadora cuyo despido ha sido declarado nulo por el Juzgado de lo Social número uno "tiene que ser readmitida o no". Además, los socialistas reclaman a Vega que "muestre el contrato que él mismo realizó a esta persona, una directa colaboradora suya al frente de IU".