La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha dado luz verde a 79 ayuntamientos malagueños para la creación de los registros municipales de demandantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO), una herramienta impulsada por la Junta para conocer la demanda real de este tipo de vivienda y poder así planificar y ajustar sus actuaciones para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en esta materia.

Los ayuntamientos, que son los responsables de la puesta en marcha y mantenimiento de estos registro, deben recoger en sus ordenanzas municipales las bases que regulen su desarrollo, exigencia que ha de contar con el visto bueno de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

En este sentido, en la provincia de Málaga, de las 79 ordenanzas informadas hasta el momento han logrado el visto bueno 67, según ha informado la Junta en un comunicado.

Actualmente, cerca del 70 por ciento de la población andaluza reside en los municipios donde es posible inscribirse en este tipo de registros, puesto que sus ayuntamientos, un total de 179, tienen operativa ya esta herramienta informática. En la provincia de Málaga ya está en marcha este sistema en 34 localidades.

Para la implantación de estos registros, Obras Públicas y Viviendas ha prestado su apoyo a los ayuntamientos destinando 3,6 millones de euros en ayudas y ofreciendo formación a los técnicos municipales sobre la gestión y manejo de la aplicación.

Además, estos registros permitirán también a la Administración autonómica conocer el perfil y el número de los demandantes y las características y tipologías de viviendas que se necesitan. Así, con los datos aportados por estos registros, la Junta y los ayuntamientos podrán elaborar con mayor efectividad los planes de vivienda destinados a cubrir las necesidades existentes en cada municipio. HERRAMIENTA

El registro municipal de demandantes de VPO es el primer método del que dispone la comunidad autónoma andaluza para realizar una cuantificación real de la demanda de vivienda protegida, ya que hasta ahora la Consejería de Obras Públicas y Vivienda contaba con estudios y estimaciones que posibilitan una planificación aproximada "pero nunca exacta".

Así, según han explicado, los ayuntamientos tienen la posibilidad de gestionar y manejar los tres niveles de uso con los que cuenta el programa de estos registros, después de que la Junta haya puesto a disposición de los técnicos municipales la última fase de la aplicación informática con la que pueden adjudicar los inmuebles entre los ciudadanos inscritos en las bases de datos.

Este programa informático se ha puesto en marcha en tres fases, de tal manera que los ayuntamientos pueden llevar a cabo la recogida de información de los ciudadanos, la grabación y tramitación de solicitudes y la posterior adjudicación de viviendas. No obstante, la Consejería podrá ir incorporando nuevas funcionalidades solicitadas por los municipios para optimizar su uso por parte de los técnicos municipales encargados de gestionar las bases de datos.

En concreto, los registros permiten cruzar datos de distintas administraciones para comprobar que el aspirante a tener VPO cumple los requisitos. Asimismo, permite, la tramitación telemática de solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos, indicándoles si tienen que renovar su inscripción, que tienen una validez de tres años prorrogables, o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.

Por ello, con la configuración de un único programa informático para el conjunto de los municipios se logra homogeneizar los criterios y se facilita a la Consejería de Obras Públicas y Viviendas disponer de una gran base de datos común, lo que hace posible cotejar la información de todos los registros y detectar posibles irregularidades, como, por ejemplo, la inscripción, de una persona en más de tres registros, número máximo permitido por la normativa que lo regula.