El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, ha instado al Gobierno central, tras conocer la sentencia que condena a cuatro guardias civiles por torturas a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola durante su detención en 2008, a "revisar los mecanismos de prevención de la tortura, colaborar en la identificación de todos los implicados y promover la reforma del Código Penal".

En un comunicado, Ríos ha señalado que la citada sentencia ha sido dictada "contradiciendo la versión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que negó rotundamente la existencia de torturas", y, además, "pese a los obstáculos puestos por este Ministerio durante la investigación, al no facilitar la identificación de todos los agentes de la Guardia Civil implicados".

En este contexto, ha señalado que el Gobierno vasco "se ha apresurado a decir que esta sentencia demuestra que el sistema funciona", pero "realmente, es un caso de tortura que ha terminado en condena porque se les 'fue la mano' al provocar unas lesiones de tal gravedad que requirió la hospitalización de uno de los detenidos".

"En otros casos, la imposibilidad de aportar pruebas tan evidentes y la opacidad que permiten las leyes antiterroristas contribuyen a la impunidad", ha denunciado.

Respecto al contenido de la sentencia dictada, cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación ha opinado que se trata de "una condena muy leve". "Hay que tener en cuenta que las personas que han torturado actúan en nombre de toda la ciudadanía, con la misión de evitar y perseguir los delitos dentro de los márgenes que marca la Ley", ha añadido.

El coordinador de Lokarri ha destacado que "los condenados han usado este poder para cometer uno de los más graves delitos" y "no sólo han vulnerado los derechos humanos de dos personas, sino que también han erosionado la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones".

Por otro lado, ha señalado que el Gobierno central debe "revisar exhaustivamente los mecanismos de prevención e investigación de los casos de tortura", puesto que esta sentencia "demuestra que no son eficaces ya que el Gobierno no colabora y rechaza sistemáticamente su existencia".

Asimismo, el coordinador de Lokarri ha defendido que el Gobierno central debe "impulsar una reforma del Código Penal para endurecer las penas por malos tratos y torturas y así mantener la proporcionalidad respecto a otros delitos de semejante gravedad".

También ha resaltado que la construcción de una convivencia inclusiva "requiere del respeto a todos los Derechos Humanos de todas las personas". "Esta obligación es extensiva a todos pero especialmente importante y exigible en el caso del Estado por ser el encargado de proteger a toda la ciudadanía", ha apuntado. "RETRACTARSE"

A juicio de Ríos, Pérez Rubalcaba "debe retractarse públicamente de las declaraciones efectuadas en enero de 2008 y en las que negó la existencia de torturas". Asimismo, ha considerado que el ministro "debe colaborar en el esclarecimiento de los hechos y facilitar a los tribunales la identificación de todos los guardias civiles que participaron en la detención y en la comisión del delito de torturas".

"Lo contrario significaría que tanto el ministro como los responsables de la Guardia Civil estarían participando en el encubrimiento de personas que han cometido un delito", ha defendido.