Los trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, han cerrado este miércoles al tráfico rodado la rotonda de acceso al mercado central de abastos, donde han quemado neumáticos y rastrojos en una movilización promovida para protestar contra los intentos de "privatización" de sus servicios y ante el "abandono" que sufre la compañía a manos de las instituciones y los políticos. Y es que el mercado central de abastos de Sevilla cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y afronta un pasivo de 9.046.976,95 euros al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que el conjunto de empleados del mercado central de abastos ha celebrado este miércoles una asamblea general de trabajadores a cuenta del contenido del último consejo de administración de la compañía, que había analizado aspectos relacionados con el plan de saneamiento económico encargado a su director general, Juan Carlos Recio.

Plan de saneamiento y externalizaciones

Aquella sesión del consejo de administración, según habían informado a Europa Press fuentes de la empresa, había abordado el "plan de saneamiento" encargado a Juan Carlos Recio, en especial "cuestiones que permitan seguir avanzando en políticas de ahorro". No obstante, el conjunto de los trabajadores teme que la directiva del mercado central de abastos aproveche la difícil tesitura que atraviesa la empresa para "privatizar" o externalizar los servicios del mercado. "Los problemas que la empresa padece no tienen origen en el modelo de mercado, sino en la gestión, la actitud y el abandono que el Ayuntamiento mantiene hacia esta empresa desde 1992, aproximadamente", señala un manifiesto aprobado por la asamblea general de trabajadores.

Y es que el mercado central de abastos de Sevilla cerró su último ejercicio con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y afronta el citado pasivo a cuenta del conflicto que rodea al ERE de 2007, de cuya financiación se desliga el Gobierno andaluz con la consecuente paralización de las prejubilaciones de los cerca de 40 empleados acogidos al procedimiento. Ya mediado el año en curso, los órganos de gobierno de la compañía habían acordado la materialización de una operación 'acordeón' mediante la que los aproximadamente 9,2 millones de euros que figuraban como capital social de la empresa se reducirían a cero, para luego ser ampliado este concepto a 1.285.000 euros mediante aportaciones dinerarias y materiales.

Eludir la causa de disolución

El destino de esta maniobra no fue otro que impedir que la sociedad mixta incurriese en una posible causa de disolución, dado que los anteriores gestores de la compañía, Fernando Mellet y Daniel Ponce, habrían falseado las cuentas mediante unas prácticas que investiga actualmente el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. De hecho, la auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' sobre las cuentas generales de la sociedad mixta Mercasevilla reveló que el ejercicio 2008, cuando la directiva liderada por Fernando Mellet repartió dividendos por valor 258.000 euros, se saldó en realidad con pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros.

Mellet y Ponce, de cualquier manera, figuran como imputados en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales que se les atribuye, un posible delito societario y las supuestas irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado central, fallada a favor de una sociedad filial de la constructora Sando cuando al concurso concurría una oferta superior por parte del grupo Noga.

Los trabajadores, así, reclaman a la empresa y al Ayuntamiento, accionista mayoritario de la sociedad mixta, "mayor beligerancia" ante la Junta de Andalucía "como mayor responsable de la losa económica" que sufre el mercado central de abastos a cuenta de los 9.046.976,95 euros a los que se eleva el coste del ERE de 2007, autorizado por el Gobierno andaluz pero cuya incentivación niega el departamento de Manuel Recio. A tal efecto, la asamblea general de trabajadores ha derivado en una movilización en la que la plantilla ha cerrado al tráfico rodado la rotonda de acceso a las instalaciones de Mercasevilla, escenario en el que los trabajadores han quemado neumáticos y rastrojos. Posteriormente, han celebrado un encierro de aproximadamente media hora en la sede social de Mercasevilla.