Diputación de Valladolid solicitará a la Junta una mejora de la financiación para los equipos de atención a dependientes

Esta medida fue propuesta en la sesión plenaria de hoy --la última del año-- por el Grupo Provincial Socialista en la Institución, que instó a la Diputación a reclamar al Gobierno autonómico que no le imponga la prestación de nuevos servicios sociales sin el proceso previo de negociación que le permita ser copartícipe en la toma de decisiones de su puesta en marcha y le asegure una "adecuada" financiación de los mismos.

La Diputación de Valladolid solicitará a la Junta de Castilla y León una mejora de la financiación destinada a los Equipos para la Promoción de la Autonomía Personal (EPAP) así como que se definan sus competencias.

Esta medida fue propuesta en la sesión plenaria de hoy —la última del año— por el Grupo Provincial Socialista en la Institución, que instó a la Diputación a reclamar al Gobierno autonómico que no le imponga la prestación de nuevos servicios sociales sin el proceso previo de negociación que le permita ser copartícipe en la toma de decisiones de su puesta en marcha y le asegure una "adecuada" financiación de los mismos.

El Acuerdo Marco de cofinaciación de estos servicios para 2010 entre la Gerencia autonómica y la Administración provincial incluye, a partir de 57.733 euros, la creación del programa de EPAP que, según el PSOE, "ha sido impuesto por la Junta sin previo acuerdo entre las partes" y "obliga a la Diputación a asumir un coste económico" que "agrava" la situación de las entidades locales.

Además, indicó que a estos equipos se les ha asignado un extenso abanico de funciones —asesoramiento, diagnóstico e intervención a personas con dificultad para integrarse socialmente— y que, por tanto, operarán en los casos derivados de los Grupos Mixtos Provinciales de salud Mental. "Resulta evidente que no va a ser posible responder a la demanda", se quejó el PSOE.

En este sentido, la Diputación pedirá a la Junta que los EPAP "centren su cometido en la atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia" y que sena reforzados los Equipos de Salud Mental.

Durante la jornada, se rechazó la proposición socialista de instar a la Junta a reconocer el desempeño de las delegaciones y funciones del cargo electo como tiempo indispensable para su desempeño, propuesta tras comunicar numerosos munícipes su dificultad para compatibilizar su puesto público con su cargo profesional.

A cambio, el presidente provincial, Ramiro Ruiz Medrano, elevará un ruego institucional al Ejecutivo autonómico para trasmitirle esta situación.

Programa de educación ambiental

Por otra parte, el Pleno aprobó por unanimidad solicitar a la Junta que mantenga los convenios de colaboración para el desarrollo de los Programas de Educación Ambiental en toda la Comunidad, una proposición del Grupo Provincial de Izquierda Unida.

Todos los Grupos políticos coincidieron en la importancia de estas iniciativas para contribuir a la educación ambiental no sólo de los más jóvenes, sino además de los adultos y los propios representantes públicos.

El portavoz de IU Salvador Arpa destacó que estos programas supusieron la base sobre la que se han asentado proyectos como el de la recogida selectiva de residuos o la puesta en marcha de puntos limpios.

Durante el Pleno, que comenzó con un recuerdo al dramaturgo vallisoletano Fernando Urdiales así como al padre del diputado Máximo Gómez, ambos fallecidos recientemente, se aprobó el presupuesto para 2011, que asciende a 106 millones de euros.

Asimismo, se presentó una moción de apoyo de todos los Grupos a Banca Ética Fiare Castilla y León, una red de 21 entidades de Castilla y León constituido por casi 300 asociaciones en nueves comunidades que pretenden construir "un instrumento financiero en manos de la ciudadanía que quiere recuperar la gestión de sus ahorros y dirigirlo a proyectos que generen un impacto social positivo".

Patrimonio provincial

Finalmente, durante el turno de ruegos y preguntas, el portavoz del Grupo Socialista, Juan José Zancada, se interesó por el futuro uso y el coste del mantenimiento de edificios del patrimonio provincial, como el Castillo de Fuensaldaña, antigua sede de las Cortes regionales, y la rehabilitada Granja Escuela José Antonio.

En este sentido, el diputado 'popular' Alfonso Centeno Trigos, quien recordó el momento de crisis actual, dijo que en estos momentos existen contactos "que no han fructificado" y que la cuantía de mantenimiento —asciende a 8.400 euros anuales en caso del Castillo y a 7.600 la Granja Escuela— "no obliga a tomar soluciones drásticas".

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