La familia de José Couso ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a raíz de las revelaciones sobre la muerte del cámara de Telecinco en Irak contenidas en las filtraciones de Wikileaks.

Piden que se investigue si los funcionarios del Ministerio Público y altos cargos que aparecen en ellas son responsables de algún delito penal después de conocer, según consta en los cables, que hubo supuestas presiones de EEUU sobre jueces y fiscales para frenar la investigación en la Audiencia Nacional.

Estas revelaciones podrían indicar -señala la denuncia- "la existencia de una conspiración o concierto delictivo" entre funcionarios y altos cargos españoles con los de una potencia extranjera, con la finalidad de interferir en la independencia y las actuaciones del Poder Judicial perturbando gravemente la instrucción de una causa judicial por el mero interés político de EEUU".

La intervención de personas o instituciones no personadas en la causa y "una intervención indebida" en la misma de los funcionarios adscritos a la Fiscalía, que califica de "claramente irregular", han perjudicado la actuación de la acusación particular y su derecho a un proceso judicial con todas las garantías, indica.

En concreto, explica, se deduce de los documentos una posible violación del secreto del sumario por parte de los funcionarios que tienen obligación de guardar el mismo, lo que habría causado un "grave daño".

De los mismos se desprende también -considera la familia de Couso- que funcionarios españoles habrían realizado un asesoramiento jurídico que tienen prohibido a una potencia extranjera, además de haber dejado "intencionalmente" de perseguir delitos cuando estaban obligados a hacerlo.

La denuncia recuerda que el ordenamiento español persigue a quienes ayudan a los presuntos responsables de un delito "a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes o a sustraerse a su busca o captura, lo cual sería aún más grave si estos presuntos responsables" lo fueran por haber cometido un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado u homicidio.

"Además de causar dolor, bochorno y vergüenza ajena" la lectura de los telegramas filtrados, "de ser ciertos aunque fuera parcialmente" y los hechos y conversaciones que en ellos se relatan "podrían tener relevancia penal respecto a los funcionarios y altos cargos públicos a los que se les atribuyen", resalta.

Por ello, se pide a la Fiscalía que abra una investigación sobre los hechos y sobre la participación en los mismos de las personas que se han indicado en la denuncia "o cualquiera otras que a la vista de la investigación aparecieran como posibles responsables de hechos delictivos".

La familia de Couso solicita a la Fiscalía que reclame a El País copias de los telegramas, comunicaciones e informes citados y remita las actuaciones, si estima que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de infracción penal, al órgano jurisdiccional que corresponda.