La Fiscalía Anticorrupción atribuye al conseller de Comercio, Industria y Energía en la pasada legislatura del PP, Josep Juan Cardona, así como al resto de principales imputados del conocido como caso Scala, de provocar durante cuatro años -de 2003 a 2007- la "actividad frenética" del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) con el objetivo de desviar unos siete millones de euros, todo ello mediante un "saqueo y robo sistemático de las arcas públicas" y aprovechando la falta "total y absoluta" de controles administrativos y financieros.

Así lo pone de manifiesto en el escrito de 175 páginas que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, para solicitar la transformación de estas diligencias en procedimiento abreviado como paso previo a la apertura de juicio oral. En él, el Ministerio Público imputa los delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, prevaricación, fraude a la administración pública y falsedad documental a diez de los 18 encausados contra los que pide que continúen las investigaciones, que llevarían aparejadas en total penas de hasta 26 años de prisión.

Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitan además que el PP, como responsable civil, resarza 10.585 euros de fondos públicos, mientras que piden que Cardona, Viane y el también imputado Antonio Munar amplíen su fianza de responsabilidad pecuniaria en 14.113 euros, a raíz del transporte de material electoral del PP desde Mallorca a Ibiza que habría sido abonado con fondos del Consorcio.

En el caso de Cardona, la acusación pública le achaca la posición de "líder o jefe director" de esta presunta trama de corrupción, mediante la que tanto el ex conseller como el entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a "apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos", bajo el "lema de más facturación, más comisión" y utilizando "todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido".

Tal y como detalla el escrito, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB "a todas las ferias y eventos imaginables" así como contratar "cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público", una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".

Es por ello que, relata el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), "hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse". De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB.

"robo sistemático" mediante testaferros y creación de empresas

Así, la Fiscalía asevera que el "robo sistemático" efectuado por los inculpados se llevó a cabo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio. "Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación.

Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los encausados Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio "para provecho propio".

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.

Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller, asistido por el letrado José Zaforteza, ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas.

Resto de imputados contra quienes se dirige la fiscalía

Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía pide que continúe el proceso penal son el ex concejal del PP en Lloseta, Felipe Ferré -quien ha confesado los hechos de cara a futuras atenuantes-; el empresario Arnaldus Van Den Hurk; la esposa de Ordinas, Isabel Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont; el marido de ésta, Jaime Fernández Abad; el publicista Joan Rosselló; el administrador de Mercantiles NTC, Francisco García; el de Camino Export, Sergio Pereletegui; el de Taller Grafic, Jaume Gil; Manuel Carmelo; Pedro Veny; Juan Enrique Riera; Antonio Munar; Antoni Miguel y Francisco Mauri.