El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado que se van a proponer penas de hasta 8 años de cárcel para los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo por un presunto delito de sedición.

Conde-Pumpido, que se encuentra en Zaragoza presidiendo una reunión de la Junta de Fiscales, ha resaltado que "el abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre 3 y 8 años. No estamos hablando de un problema laboral porque no se ha utilizando en ningún momento las vías legales sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación".

El fiscal general del Estado ha precisado que "hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas presuntamente responsables de estos hechos" y que, "dado que el ministerio fiscal es único para toda España, pero se ha producido un delito de sedición en cada aeropuerto y eso puede dar lugar a procedimientos distintos", se va a llevar a cabo una labor de coordinación en la reunión de este jueves, "tratando de establecer las reglas por las que el ministerio fiscal incoara los procedimientos y los trasladara a los órganos judiciales correspondientes".

Así mismo ha afirmado que la ley prevé sanciones para todos los controladores implicados, y no sólo para sus dirigentes. "La ley prevé sanciones para todos los que han participado porque han cometido un hecho delictivo, si bien los dirigentes tienen una sancion mayor" ha indicado el fiscal general. Asimismo ha agregado que "la responsabilidad es de todos los que han participado en el abandono premeditado del aeropuerto con la finalidad deliberada de paralizar el tráfico aéreo".

Cándido Conde Pumpido ha expuesto que la Fiscalía "simplemente aplicará la Ley". "Tenemos una norma que sanciona estos comportamientos para defender el tráfico aéreo y la seguridad de los ciudadanos, y estamos ante una situación similar a la de que todos los médicos abandonasen repentinamente un hospital dejando tirados a los enfermos, es un delito que la ley califica como de sedición y es lo que la fiscalía va a hacer, ponerlos a disposición de los órganos judiciales competentes tras unas investigaciones preliminares que estamos haciendo en este momento", ha aseverado.

Ha reiterado que "hay más de 20 diligencias abiertas en cada órgano judicial donde exista un aeropuerto en el que se ha producido un hecho delictivo", por lo que habrá que abrir un procedimiento" para coordinarlas.