Con motivo de la celebración este lunes, día 6 de diciembre, del Día de la Constitución, el colectivo GYLDA quiere manifestar "su plena convicción de que los derechos de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales ('lgtb'), se encuentran plenamente respaldados por nuestra Carta Magna".

Así, tal y como destacan, "nos sentimos protegidos en el ejercicio de nuestros derechos humanos tal y como declara su Preámbulo y confiamos en la acción de los poderes públicos para que promuevan nuestra libertad y remuevan los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, tal y como prevé el artículo 9".

Por otra parte consideran que "nuestra dignidad personal, nuestros derechos inviolables y el libre desarrollo de nuestra personalidad vienen amparados por el artículo 10" y tienen la "absoluta certeza de que nuestra igualdad viene amparada por el artículo 14 y de que el respeto a nuestra integridad física y moral nos viene asegurado por el artículo 15".

"Nuestro honor, nuestra intimidad personal y familiar y nuestra imagen son garantizados por el artículo 18, así como el derecho a difundir libremente nuestros pensamientos, ideas y opiniones lo son por el artículo 20", además "tenemos el derecho a reunirnos pacíficamente y sin armas, según el artículo 21, al igual que tenemos garantizado el derecho de asociación por el artículo 22".

Además tal y como establece el artículo 27 "tenemos asegurado el derecho a la educación que debe tener por objeto el pleno desarrollo de nuestra personalidad humana" y explican que "nuestros matrimonios vienen amparados por el artículo 32 y nuestras familias por el artículo 39, artículo que también recoge los derechos de nuestros hijos e hijas".

Igualmente, indican, "los poderes públicos deben garantizar nuestro derecho a la salud y el acceso a un régimen público de Seguridad Social, tal y como establecen los artículos 40 y 43".

Por todo ello, la comunidad 'lgtb' se siente "reflejada y amparada por todos y cada uno de estos artículos constitucionales y, en este sentido, solicitamos y exigimos a los poderes públicos su pleno desarrollo y el establecimiento de aquellos mecanismos legales y administrativos necesarios para garantizar su máxima aplicación".