El comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, esgrime documentos del Ministerio de Trabajo e Inmigración relativos a la vida laboral del ex trabajador José Antonio R.M., prejubilado en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, para defender que ya en julio de 1999, este hombre había comenzado a trabajar en el mercado central de abastos. La vida laboral de José Antonio R.M., según el comité de empresa, "no deja lugar a dudas" sobre su relación con la sociedad mixta, toda vez que el PP había atisbado en el caso de José Antonio R.M. otra posible prejubilación irregular.

El pasado 24 de noviembre, el PP anunciaba que las prejubilaciones de los ex trabajadores de Mercasevilla Francisco R.B. y José Antonio R.M., ambos acogidos al ERE de 2007, podían constituir nuevas "irregularidades" en este procedimiento autorizado por la Consejería de Empleo pero de cuya incentivación se desliga la Administración andaluza. Este ERE, como se recordará, figura en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión del mercado de abastos de Sevilla, concretamente en la línea de investigación del posible delito societario cometido presuntamente por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce.

En concreto, el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por el mercado central de abastos, al que se acogieron unos 40 trabajadores, tiene implícito un coste a 9.046.976,95 euros que actualmente figura como pasivo en las cuentas de Mercasevilla al negar la Consejería de Empleo cualquier compromiso de financiación. Y es que, si bien el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, autorizó el procedimiento e incluso su incentivación mediante varios documentos, la Consejería de Empleo se desliga de su financiación bajo la premisa de que los documentos firmados por Guerrero son "meros actos de comunicación huérfanos" de sustento jurídico alguno.

Otras dos prejubilaciones en duda

Según la documentación facilitada por el PP en cuanto a las dos prejubilaciones en cuestión, el trabajador de Mercasevilla Francisco R.B. ingresó en el mercado central de abastos el 13 de julio de 2004, cuando contaba ya 51 años de edad cumplidos y toda vez que los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 en Mercasevilla tenían como destino el rejuvenecimiento de su plantilla. Según un documento de la Administración de la Seguridad Social, este trabajador fue dado de baja en la compañía por última vez el 8 de octubre de 2007, acogiéndose luego al citado expediente de regulación de empleo con algo menos de tres años de relación laboral con la empresa.

En el segundo de los casos, todo parte de un documento firmado el 17 de mayo de 2007 por el entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, actualmente imputado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Mellet y Ponce. En este documento, recogido por Europa Press, Rivas autorizaba a la sociedad mixta a incluir en el ERE de 2007 a un trabajador identificado como José Antonio R.M., toda vez que diez días atrás, su departamento había dictado ya la resolución correspondiente a este expediente de regulación de empleo.

Vida laboral de josé antonio r.M.

La vida laboral de José Antonio R.M., según figura en un documento del Ministerio de Trabajo e Inmigración fechado el 11 de mayo de 2009 y recogido por Europa Press, remonta al 1 de julio de 1999 la primera contratación eventual de este trabajador en el mercado de abastos de Sevilla, manteniendo éste con la empresa sucesivas e intermitentes relaciones contractuales hasta el mes de noviembre de 2007, cuando se habría acogido al citado expediente de regulación de empleo. Merced a este documento, el comité de empresa advierte de que no hay "lugar a dudas de su relación laboral con Mercasevilla".

El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, ya había defendido en declaraciones a Europa Press ambas prejubilaciones y, en cuanto al caso de José Antonio R.M., había explicado que tanto la compañía como el comité de empresa propusieron una extensión de la resolución del ERE, pues dicho documento contenía un "error administrativo" al haber excluido a este trabajador.