La patronal pide un ERE para reducir funcionarios y fusionar ayuntamientos

  • Para Foment sobran 150.000 empleos públicos.
  • Los municipios catalanes lo niegan.
  • Los sindicatos reclaman más personal, como maestros.
EL 9,8% de los trabajadores catalanes son públicos.
EL 9,8% de los trabajadores catalanes son públicos.
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Ejemplo de cómo lo que sucede a miles de kilómetros acaba afectando aquí: echar a funcionarios y suprimir ayuntamientos para ahorrar dinero a las administraciones. Ésta es la propuesta que lanzó este jueves el presidente de Foment del Treball, Joan Rosell, que aspira a presidir la principal patronal española, la CEOE.

Grecia se cargó de un plumazo dos tercios de sus ayuntamientos en mayo. Irlanda se une al Reino Unido al anunciar que despedirá a funcionarios. Lo que propone Rosell va por esta línea: reducir consistorios a la mitad (en Catalunya hay casi 950 y en España, más de 8.000) y despedir mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) a los funcionarios que sobran (unos 150.000, según la patronal). "¿Hacen falta tantos municipios, consejos comarcales y diputaciones?", reflexionó.

En desacuerdo

La propuesta no agrada ni a sindicatos ni a entidades municipalistas. La Federació de Municipis afirma que suprimir ayuntamientos no reduciría el déficit, porque ellos no lo generan. Acepta replantear el papel de consejos comarcales y diputaciones, pero no suprimirlas. La Associació de Municipis sostiene que son la administración más eficiente.

Para Montse Romero, de UGT, Catalunya tiene pocos funcionarios comparada con la UE. "Muchos no cobran ni mil euros al mes. Faltan mossos, maestros y médicos para el estado del bienestar", dice. Xavi Navarro (CCOO) atribuye la propuesta a la "obsesión neoliberal: lo público es ineficiente y lo privado es mejor. Todo para hacer negocio".

Entre 2007 y 2010, la ocupación en Catalunya cayó un 10,5% a pesar de que los empleados públicos subieron un 9,7%, según Pimec. En este tiempo, la población subió. El 9,8% de los trabajadores catalanes son públicos (304.515 funcionarios), frente al 26,4% de Extremadura o el 18,3% de Castilla-La Mancha.

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