La administración concursal de Noriega recuerda a los acreedores la obligación de comunicar sus créditos

La administración concursal referida al concurso de acreedores que afecta a cinco sociedades del Grupo Noriega, constituida a instancias del Juzgado de Primera Instancia número nueve y Mercantil de Córdoba, está recordando a los acreedores la "obligación legal que tienen de comunicar sus créditos", es decir, del dinero que les deben dichas empresas del Grupo Sánchez-Ramade.

La administración concursal referida al concurso de acreedores que afecta a cinco sociedades del Grupo Noriega, constituida a instancias del Juzgado de Primera Instancia número nueve y Mercantil de Córdoba, está recordando a los acreedores la "obligación legal que tienen de comunicar sus créditos", es decir, del dinero que les deben dichas empresas del Grupo Sánchez-Ramade.

Así, según ha informado la propia administración concursal, tal y "como la Ley establece y con el fin de elaborar la lista de acreedores en la que se determinará la masa pasiva de la concursada (Noriega), esta administración concursal está enviando a todos los posibles acreedores de dichas compañías comunicación personalizada en la que constan, de forma individualizada, los datos obrantes en las empresas en concurso", al objeto de que reclamen, en el marco del citado proceso concursal, el dinero que les adeuden las empresas "concursadas".

De igual modo, la administración concursal informa a los acreedores de Noriega que, "en interés general de los distintos concursos y con objeto de facilitar a los acreedores la comunicación de sus créditos, está en funcionamiento la correspondiente página web, común a todos los procedimientos, que será actualizada conforme vayan sucediéndose las oportunas actuaciones que impone el proceso concursal. Dicha página está disponible en la dirección: www.concursonoriega.es"

Junto a ello, la administración concursal alude a que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este pasado lunes 22 de noviembre la declaración del concurso de acreedores de Noriega. Desde ese día está abierto el plazo de un mes para que los acreedores de dicha empresa del Grupo Sánchez-Ramade presenten la documentación en el juzgado y hagan las facturas rectificativas que les permitan recuperar el IVA de las facturas impagadas.

Así lo ha informado también en su web, por su parte, la Plataforma de Impagados de Noriega, recordando igualmente que, "según el acuerdo adoptado por los acreedores en la junta del pasado día 16 de noviembre" en Córdoba, se insta a los cerca de 1.000 empresarios afectados de varias provincias andaluzas y de otras comunidades autónomas a que encarguen "la representación y defensa judicial" de sus intereses al despacho dirigido por el letrado Álvaro Blanc, con el objetivo de poder negociar en bloque el convenio que puede derivarse el proceso concursal iniciado.

Fue el citado Juzgado de Primera Instancia número nueve y Mercantil de Córdoba el que resolvió, con fecha del pasado 4 de noviembre, cinco autos declarando los concursos de acreedores voluntarios, es decir, a instancias de las propias empresas, referidos a cinco sociedades constructoras e inmobiliarias del Grupo Sánchez-Ramade. En concreto, los concursos afectan a las sociedades Noriega Edificación y Obra Civil S.L., Noriega S.L., Noriega de Arrendamientos S.L., Andaluza de Gestión de Arrendamientos S.L. y Colombina de Arrendamientos Urbanos S.L.

Posteriormente, el pasado 16 de noviembre, más de 200 empresarios de Córdoba, Málaga, Cádiz, Jaén, Huelva y Madrid, entre otras provincias, integrantes de la Plataforma de Impagados de Noriega, acordaron en una asamblea celebrada en Córdoba actuar en el concurso de acreedores de dicha sociedad del Grupo Sánchez-Ramade de forma conjunta, como el mayor acreedor, promoviendo incluso la vía penal.

Según se estableció, ésta es la clave para que el titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba que ha declarado el concurso les tenga en cuenta en las decisiones que adopte. No obstante, para ello, han de sumar, al menos, el 51 por ciento de la deuda ordinaria que la constructora de este grupo ha acumulado y no pagado, que puede ascender a unos 105 millones de euros y que se reparten unas 950 empresas.

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