Tanto los dos peritos de Hacienda que investigaron sobre las cuentas y el patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, como el perito de parte del dirigente del PP se han ratificado este lunes en sus respectivos informes durante sus comparecencias ante el juzgado de instrucción número 1 de Nules, según ha informado a los medios de comunicación el fiscal anticorrupción, Luis Pastor.

Estas declaraciones se producen después de que la Audiencia Provincial de Castellón admitiera el recurso de la defensa de Carlos Fabra para que se tomase declaración a dichos peritos en la causa en la que el presidente de la Diputación está imputado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.

Según ha explicado el fiscal tras las declaraciones, que se han prolongado casi tres horas, "hay una documentación a la que hace referencia el perito de parte y probablemente se pida una ampliación de documentos, pero son cosas muy puntuales".

Así, ha señalado que el juzgado ha requerido al letrado de Fabra que aporte una serie de documentos que, una vez estén aportados, serán trasladados a los peritos a efectos de si procede o no modificar el informe". No obstante cree que no habrá cambios "sustanciales" que puedan determinar que se pueda caer algún delito.

Ha dicho que ésta no será la última diligencia del 'caso Fabra', un procedimiento que, en su opinión es "el cuento de nunca acabar", y ha indicado que "va a ser imposible", tal y como él pensaba, que en primavera estén todas las diligencias terminadas, pues la Audiencia Provincial ahora deberá resolver respecto al recurso de queja interpuesto por Carlos Fabra.

En dicho recurso, el presidente de la Diputación demandaba el sobreseimiento de los delitos contra administración pública y la prescripción de cuatro de los delitos contra la Hacienda Pública. La Audiencia ha fijado el 13 de diciembre para la deliberación, votación y fallo respecto a este recurso, según ha anunciado el fiscal.

La causa tiene su origen en una denuncia de Hacienda contra el presidente de la Diputación de Castellón por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999.

En relación con este delito, un informe de los ingresos del dirigente 'popular', realizado en la investigación judicial, apuntaba a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario. En este procedimiento se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente castellonense desde 1999 a 2004.