El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una declaración en la que pide a las instituciones internacionales la apertura de una investigación sobre lo sucedido, así como la depuración de responsabilidades en su caso, en relación a la "respuesta represiva" por parte de las autoridades marroquíes ante la "protesta pacífica" de la ciudadanía a las afueras del Aaiún.

De este modo, la Cámara afirma que reacciona "ante la grave situación" que está sufriendo la población saharaui y destaca la "clara vulneración de los derechos humanos". Además se critica "la opacidad del Gobierno de Marruecos, que ha impedido la entrada de los observadores imparciales y los medios de comunicación".

Los diputados canarios han mostrado su "solidaridad" con las víctimas de los "ataques, personas heridas y desaparecidas". Además instan a las autoridades marroquíes al respeto "escrupuloso" de los derechos humanos en todas sus actuaciones en el Sáhara Occidental.

Ofensiva diplomática

El Parlamento regional también solicita al Gobierno de España y la UE "incrementar las labores diplomáticas en relación a los hechos acaecidos" y reclama que "se haga todo lo posible por su esclarecimiento".

Por último, este miércoles el Parlamento ha pedido a Naciones Unidas el "cumplimiento" de sus resoluciones y la ampliación de las competencias de la Minurso "en materia de derechos humanos y se implique directamente para garantizar la estabilidad en nuestro espacio geopolítico". ANTECEDENTES

Desde mayo de 1996 y con la de este miércoles hasta en cinco ocasiones el Parlamento de Canarias ha aprobado una declaración institucional referida al conflicto del Sáhara Occidental y en la que principalmente se insta —compartiendo el contenido de la Resolución 1.754/2007 del Consejo de Seguridad de la ONU— a las partes a negociar hasta conseguir una solución política justa, duradera y aceptable.

Al inicio del presente mandato, la Cámara Legislativa abordó esta cuestión "sabedora de la histórica relación de vecindad que une a los pueblos canario y saharaui y ante la situación de bloqueo e indefinición que sufre el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, iniciado por Naciones Unidas en la década de los años 60 del siglo pasado, con el consiguiente sufrimiento de la población del Sáhara Occidental". Este pronunciamiento se aprobó en diciembre de 2007 y se quería dejar constancia del apoyo a la legalidad internacional.

En esta línea también se quiere respaldar "todas aquellas medidas tendentes a garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui".

En esta declaración institucional también se quería que se llevasen a cabo actuaciones de acercamiento de las familias saharauis que están separadas por el conflicto. También se instaba a prorrogar el mandato de la ONU por el referéndum hasta el 30 de abril de 2008, y a hacer el seguimiento de las gestiones y negociaciones bajo el control de Naciones Unidas. HAIDAR

Meses después, en noviembre de 2009, volvió a ocuparse el Parlamento canario esta cuestión. En esta ocasión coincidía con la huelga de hambre realizada por la activista Aminatu Haidar en Lanzarote.

El Parlamento regional condenó "toda vulneración o menoscabo de los derechos fundamentales de los civiles saharauis" y llamó a la ONU a articular las medidas necesarias para "garantizar" sus derechos de reunión, asociación, educación, expresión y manifestación.

Del mismo modo, se instó al Gobierno de Canarias para que exija al Gobierno de España a que realizase todas las gestiones posibles para solucionar la situación de la líder saharaui Aminatou Haidar. Se reclamaba de igual forma que se permitiese su entrada en El Aaiún.

Por último, el Parlamento de Canarias se dirigió al Gobierno de Canarias para que instara al Gobierno español a que solicitase a las Naciones Unidas que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General sobre el derecho a la autodeterminación de los saharauis. ANTECEDENTES

Estos pronunciamientos llegaron después del de diciembre de 2002. Entonces el Parlamento "reiteró su solidaridad y simpatía hacia la justa lucha del pueblo saharaui por su libertad y por la paz para su propio pueblo y el conjunto de la región del Magreb".

"El Plan de Paz de Naciones Unidas y los acuerdos de Houston de 1997 siguen siendo, a estos efectos, la fórmula más eficaz y democrática para ejercer ese derecho y la única que ha conseguido el acuerdo de las dos partes en conflicto y la unánime aceptación de la Comunidad Internacional", exponían los diputados.

De igual forma, exigían una mayor implicación de la UE y condenaban "la ocupación ilegal que ejerce militarmente el Reino de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental desde hace más de 27 años".

También acordó el Parlamento "exigir a Marruecos la liberación de todos los prisioneros políticos saharauis y el esclarecimiento del destino de los más de 500 desaparecidos reconocidos por organizaciones internacionales, así como permitir el libre acceso al territorio de comisiones de investigación, instituciones, personalidades y prensa independiente, que puedan dar testimonio de la realidad y prestar apoyo a la población perseguida". "Animar al Gobierno español a que mantenga en los foros internacionales su posición de buscar una salida política aceptable", añadían.

Mayo de 1996

En el mes de mayo de 1996, hace catorce años, el Parlamento de Canarias también se expresó. Entonces solicitó "el reconocimiento de los esfuerzos y concesiones hechas por el Frente Polisario para lograr la aplicación del Plan de Paz de las Naciones Unidas, renovando el apoyo político a la justa causa del pueblo saharaui sea cual sea el resultado final de este proceso".

"En nombre de los múltiples lazos que nos unen al pueblo saharaui y por el interés que representa para España el retorno de la paz en la región y la responsabilidad histórica de España como firmante del Acuerdo tripartito de Madrid de 1975", exponía la Cámara para también solicitar al Gobierno del Estado que "lleve a cabo las acciones oportunas para que Marruecos respete el Plan de Paz de las Naciones Unidas y se permita al pueblo saharaui ejercer libremente y sin presiones su derecho a la autodeterminación".

En este sentido, se consideraba "importante" que el próximo presidente del Gobierno español mantuviera contactos con los representantes del Gobierno de Marruecos y del Frente Polisario constituyendo este tema una prioridad en la política exterior española".