Castilla-La Mancha es la quinta comunidad menos transparente de España al ocupar el décimo tercer puesto del índice de transparencia de las administraciones autonómicas realizado por la sección española de la ONG Transparency International.

Así, Castilla-La Mancha ha obtenido una puntuación global de 62,5 sobre cien, situándose la valoración media de las autonomías españolas en 71,5. Andalucía y Galicia son las comunidades que lideran el índice de transparencia, mientras que Cantabria ha quedado en último lugar, precedida de la Comunidad Valenciana.

De los cinco áreas de transparencia analizadas, Castilla-La Mancha obtiene una puntuación de 65,2 en cuanto a 'información sobre la comunidad autónoma', estando la media española en 68,5. En el área de 'relaciones con los ciudadanos y la sociedad', la comunidad castellano-manchega obtiene un resultado de 89,5, más de seis puntos por encima de la media.

última en transparencia en contrataciones

Esta región suspende con un 35,3 (la media española es de 48,8) en 'transparencia económico-financiera', mientras que el área relacionada con 'transparencia en las contrataciones de servicios y suministros' se sitúa en la última posición de la tabla. Así, Castilla-La Mancha saca en este apartado la nota más baja de todas las comunidades, con una nota de 12,5, siendo Baleares, País Vasco y Comunidad Valenciana las siguientes comunidades menos transparentes en este aspecto, con una nota de 37,5 (la media española es 65,4).

En el último apartado analizado, relacionado con la 'transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas', Castilla-La Mancha se sitúa en el noveno lugar de la tabla, con una puntuación de 84,6, casi dos puntos por encima de la media.

Resto de comunidades

En cuanto al resto de comunidades, Andalucía obtiene una puntuación total de 87,5 sobre 100 empatada con Galicia, mientras que Cantabria se quedan en 53 puntos sobre 100. Otras Comunidades en la zona alta del índice son La Rioja (83,8 puntos), Cataluña (82,5), Extremadura (81,0) o Madrid (80). En la zona baja del ranking se unen a Cantabria, Valencia y Baleares, ambas con 56,3 puntos, y País Vasco con 57,5 puntos.

Según ha indicado el catedrático y presidente de Transparency en España, Jesús Lizcano, Andalucía y Galicia obtienen la mayor puntuación, en gran parte, porque han desarrollado mecanismos internos —algunos con carácter normativo, como la Ley de Administración Local gallega— para poner en valor la transparencia informativa de sus administraciones. Asimismo, ha atribuido los peores resultados a "faltas de presión".

El estudio, el primero de este tipo sobre Comunidades Autónomas, presentado en Madrid por la Fundación Ortega-Marañón, ha evaluado con distintos indicadores diferentes áreas de las administraciones autonómicas como la información sobre la Comunidad, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera —donde ha habido mayores dificultades, según la ONG—, transparencia en la contratación de servicios y suministros; y en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas.

Lizcano ha explicado que el estudio ha utilizado unos 80 indicadores y se ha realizado de mayo hasta principios de noviembre. El índice se basa principalmente en la cantidad, calidad de la información, así como su acceso, que las administraciones publican en sus páginas web, por lo que han tenido un papel determinante en la evaluación las administraciones electrónicas.

Esfuerzo por ser transparentes

El presidente de Transparency ha indicado que ha sido en el área de transparencia económica y financiera donde la ONG ha tenido mayores dificultades de colaboración por parte de la administración, si bien ha valorado el "esfuerzo" de todas las comunidades para proporcionar datos al estudio.

De hecho, ha destacado que ninguna Comunidad es "poco transparente", aunque tampoco ninguna ha obtenido la calificación de "muy transparente". De las 17, diez están el la posición "bastante transparente" y las otras siete en "transparente". Por otro lado, el abogado y presidente de la Fundación Ortega-Marañón, Antonio Garrigues, ha puntualizado que la no colaboración de alguna comunidad en algunos aspectos se ha debido a la falta de instrumentos, y ha advertido que en posteriores índices se verá una mejora global, como ha sucedido con los ayuntamientos.

En este sentido, Lizcano ha señalado que el estudio tiene como objetivo la evaluación de la transparencia informativa y darla a conocer, pero también propiciar el aumento de la información en las propias Comunidades a las que se evalúan. Por su parte, el catedrático Manuel Villoria ha apuntado que el estudio tiene una preocupación por contribuir a la "eficiencia y eficacia" de la administración, ya que, a su juicio, la administración sigue siendo burocrática en muchos aspectos, como en el área de financiación donde se han obtenido los datos menos transparentes.

Villoria también ha subrayado el éxito de los resultados obtenidos sobre proyectos urbanísticos, junto a otros miembros del Consejo de Dirección de la ONG, como Jesús Sánchez Lambás, que ha destacado la buena puntuación del conjunto en el ámbito de la relación con los ciudadanos.

Transparencia para poner dificultades a la corrupción

Lizcano, preguntado también por una presunta relación entre los malos datos de Baleares y Valencia con los casos de corrupción de los últimos meses, han recordado que el estudio es un "índice de transparencia y no de corrupción". "Medimos sólo el nivel de información y los resultados son según los indicadores que hemos utilizado", ha añadido para explicar que los datos podían haber sido diferentes.

En este sentido, los demás ponentes han coincido que el índice de transparencia, si bien no combate directamente la corrupción, pone un "foco" sobre la administración pública, "haciendo más difícil la corrupción", según ha indicado Antonio Garrigues. Por su parte, Sánchez Lambás ha apuntado que el estudio crea "sistemas de vigilancia" y pone una "lupa" sobre la administración para contribuir a su mejora.

Transparency International ya ha realizado varios índices de transparencia en administraciones de España, como es el caso de los ayuntamientos, y según ha avanzado Antonio Garrigues, la ONG tiene la intención se practicar estudios similares a partidos políticos o equipos de fútbol.