El Pleno del Parlamento ha rechazado, con los votos del PSOE-A, una proposición no de Ley del PP-A, que ha sido apoyada por IULV-CA, en la que se planteaba la necesidad de que la Cámara de Cuentas fiscalice, en su gestión y en sus resultados, los programas de formación para el empleo correspondientes a los años 2006 a 2010 hasta la fecha.

El diputado del PSOE-A Ángel Gallego ha justificado el rechazo a la iniciativa del PP-A, en que tiene clara "intencionalidad política", sobre todo, cuando el Consejo de Gobierno ha solicitado la fiscalización de la formación del empleo. Ha preguntado al PP-A si busca que se instale en Andalucía "una cultura de la sospechas, con un sistema de sentencias previas incluidas". A su juicio, los populares parecen que persiguen el esquema de los precrímenes de la película 'Minority Report', el de por si acaso, condenar antes de que los hechos se produzcan.

"No podemos caer en el linchamiento social", ha advertido Gallego al PP-A, apuntando que los socialistas no van a abdicar de abanderar la responsabilidad de salvar "el alma de la democracia", sobre todo, cuando hay muchos intereses en vaciar a la política del contenido que siempre ha tenido. Ha insistido en que el Ejecutivo ha registrado una iniciativa fiscalizadora sobre la formación al empleo, y que los socialistas no van a estar dispuestos a aceptar "otras fiscalizaciones de tipo preventivo", como la que plantea el PP-A.

Por su parte, la portavoz del grupo popular, Esperanza Oña, ha indicado que "la discrecionalidad, el sectarismo y el engaño" ha acompañado a la concesión de subvenciones, ante lo que ha Junta ha tratado de correr siempre un "tupido velo". Ha hecho referencia a "casos en los que se han detectado ciertas irregularidades, principalmente relacionadas con posibles tratos de favor a empresas vinculadas a cargos públicos socialistas o familiares de los mismos". Así, ha puesto como ejemplo las "subvenciones recibidas" por la empresa del alcalde de Punta Umbría (Huelva), las recibidas por "el esposo de la alcaldesa de Martos (Jaén)" o, en las últimas semanas, el caso de la empresa Aulacen Cinco S.L. de la que es administradora única la esposa del ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, según ha dicho.

Ha advertido de que el PP-A tiene el deber y el derecho de pedir explicaciones y denunciar aquellas "irregularidades que rodean siempre al PSOE" y ha querido dejar claro que hablarán de Velasco cada vez que los consideren oportuno, pese a que la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, diga que lo mejor es dejar de hablar del ex número dos socialista. "El buen uso del dinero público es un principio esencial en la gestión de la cosa pública y un deber de los responsables de su gestión", ha afirmado Oña, que ha precisado que la Cámara de Cuentas no ha fiscalizado particularmente los Programas de Formación en los últimos diez años.

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, ha expresado el apoyo a la iniciativa popular al entender que persigue la "transparencia" en la gestión de los recursos públicos y porque creen que la ciudadanía exige el mayor nivel de transparencia sobre el uso de los recursos públicos, en torno a los cuales no deben permitirse "tratos de favoritismo, tráfico de influencias ni amiguismo". Los diputados, a su juicio, tienen el deber de controlar y de fiscalizar la eficacia, eficiencia y los objetivos de los fondos públicos y se ha mostrado seguro de que las actuaciones fiscalizadoras pueden contribuir a recuperar la confianza en las instituciones y la calidad democrática.