Los forenses consideran necesario que se hagan al menos tres pruebas a los jóvenes extranjeros para determinar la edad aproximada de los que van indocumentados y existen dudas sobre si son mayores de edad y que la decisión final se adopte por un juez o fiscal.

Son algunas de las recomendaciones incluidas en un documento de buenas prácticas consensuado entre los Institutos de Medicina Legal de España, que este miércoles se ha presentado en unas jornadas organizadas por el Defensor del Pueblo ante las diferencias en las Comunidades Autónomas en torno a los criterios que se aplican para determinar la edad de los jóvenes extranjeros. La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha convocado en una jornada de trabajo a representantes de CCAA, fiscales, ONG y defensores autonómicos para analizar estas conclusiones de los científicos e intentar promover la adopción de un protocolo de actuación común que ayude a superar las "deficiencias" detectadas por esta institución.

La comunidad científica propone que en estos casos en los que se duda de la edad del menor se realice al menos una exploración general y una entrevista, un examen radiológico del carpio y otro odontológico, y, si "no hay resultados contundentes", se haga un estudio de la clavícula. "Son métodos sujetos a grandes variaciones, pero es la única metodología que existe y, si hay que utilizarla, debe hacerse bien", ha dicho el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia, Rafael Barón, encargado de presentar estas conclusiones.

Los forenses plantean que las estimaciones médicas de la edad deben ser realizadas por profesionales con formación específica acreditada y sus informes sometidos a algún sistema de control de calidad, además de ordenados por un juez o un fiscal. Apuestan por la implantación de Institutos de Medicina Legal en aquellas regiones -como Madrid, Ceuta y Melilla- donde no existen y se plantean este tipo de casos; y en las comunidades donde ya los hay, que se creen unidades especializadas.

Explican que la estimación de la edad "es un procedimiento complejo, al que se le debe conceder el tiempo suficiente para su realización" y aconsejan que se evite "su asignación a los servicios forenses en funciones de guardia". La exploración debe preservar la dignidad y seguridad del joven extranjero, al que deben informar de la realización de estas pruebas para obtener su consentimiento, exponen.

El fiscal coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, ha recordado que, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, "es necesario el consentimiento informado del menor y esto trae como consecuencia que en aquellas comunidades donde se adoptan estas prácticas sin ese consentimiento, sean nulas de pleno derecho". Una de cada diez quejas presentadas ante el Defensor relacionadas con inmigración fueron en relación con los menores extranjeros no acompañados y fueron trasladadas principalmente por algunos menores y por ONG.

La defensora en funciones ha mostrado su preocupación por el hecho de que en muchos casos tras realizar estas pruebas sólo se puede establecer una horquilla de edad, que oscila hasta cuatro años, y ha recordado que en caso de duda sobre la mayoría de edad "se debe beneficiar al menor". "Cada maestrillo tiene su librillo", ha dicho Cava de Llano en relación con las actuaciones de cada CCAA, que el Defensor pretende aunar para que se cumplan todas las garantías legales.

La defensora ha insistido en la importancia del Registro Central de menores no acompañados, que no funciona, y ha lamentado que hayan aumentado el número de pruebas de edad, incluso en aquellos casos en los que el menor tiene un pasaporte que así lo acredita. Rafael Bañón ha explicado que, según un informe forense, el diez por ciento de los menores estarían mal clasificados y un tercio de los mayores sometidos a estas pruebas fueron clasificados como menores. "Tenemos un problema de seguridad cuando clasificamos a los menores", ha concluido el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia.