Más de 100 expertos participarán en unas jornadas en Gran Canaria Aumentan las penas de cárcel por cohecho y prevaricación urbanística

La reforma del Código Penal, que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre, acabará con la "sensación de impunidad", que "desaparecerá porque la pena cobra un efecto intimidatorio".

Así lo aseguró este miércoles el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Javier Ródenas Molina, en la presentación de las 'Jornadas sobre la reforma del Código Penal L.O. 5/2010', que se celebrarán los días 18 y 19 de noviembre en el Edificio Usos Múltiples I en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante la comparecencia informativa el también director de la cita estuvo acompañado por el teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Ernesto Vieira Morante, la miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados de Las Palmas, María Rosa Díaz-Bertrana, y el responsable de la Secretaría Técnica de las Jornadas, Armando Betancor.

"efecto intimidatorio"

Ródenas resaltó los "avances" que incorpora el Código Penal "para que se recupere la pena que tiene que tener un efecto intimidatorio". "No se puede perder la eficacia de la pena si luego no tiene respaldo porque genera una sensación de impunidad", consideró.

En este sentido, subrayó que la reforma de la legislación contempla como novedad la necesidad de trasponer las decisiones de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias, de forma que "aumenta las penas privativas de libertad en la persecución de delitos de cohecho y prevaricación urbanística".

Así pues, explicó que hasta ahora el tráfico de influencias estaba castigado de seis meses a un año de cárcel, pero con la entrada en vigor del nuevo Código Penal será castigado de seis meses a dos años. En cuanto al cohecho, Ródenas señaló que el tipo más grave supone un mínimo de tres años de prisión, frente a los dos que había anteriormente, y un máximo de seis años y todos los delitos de cohecho implican como mínimo dos años de prisión.

Del mismo modo, se amplía el catálogo de figura delictiva relacionada con la prevaricación urbanística, que anteriormente era prisión o multa, pero ahora es obligatoria la pena de cárcel. No en vano, se fija de un año y seis meses hasta cuatro años la pena de privación de libertad.

Como ejemplo gráfico, el fiscal citó que "antes sólo se podían perseguir proyectos de concesión de licencia de edificación, por tanto, la aprobación de un plan general contrario a la normativa urbanística estaba muy pillado de pruebas desde el punto de vista del Derecho Penal, puesto que había que reconducirlo por una prevaricación administrativa".

Con la crisis cae la corrupción

Sin embargo, "con la nueva reforma, al incluir el instrumento urbanístico como modalidad delictiva de la prevaricación urbanística, una recalificación de un terreno que no esté debidamente atendida en su memoria y no sea respaldada por cuestiones técnicas sí puede encuadrarse en este delito de prevaricación urbanística", aseveró.

Según el representante del Ministerio Público, la crisis ha provocado un descenso en los casos de corrupción urbanística en 2009 y 2010 debido a que "ya no hay un motor de la corrupción que es el inmobiliario porque está mermado por la crisis".

Además, aludió a que "los grandes casos que se están enjuiciando, como el 'Caso Malaya' —la operación contra la corrupción urbanística que afecta al Ayuntamiento de Marbella (Málaga)— han despertado una intimidación".

Contra el '

Child grooming'

Ródenas comentó que "se dice que la reforma del Código Penal es más represiva", pero incidió en que también hay supuestos que se han despenalizado. De ahí que se refirió al conocido como 'top manta', castigado hasta ahora con una pena privativa de libertad, pero a partir de la puesta en marcha del nuevo reglamente sólo se podrá castigar con una multa.

Se introducen nuevos delitos y la posibilidad de persecución penal de las personas jurídicas. Entre los tipos penales novedosos figura el 'child grooming', ciberacoso sexual infantil, relacionado con aquellos adultos que valiéndose de los medios de telecomunicación y nuevas tecnologías intentan acercarse a menores de 13 años con un propósito de naturaleza sexual.

Además, destaca la bajada de la pena por un delito de tráfico de drogas en sustancias gravemente dañinas para la salud, que hasta ahora conllevaba hasta 9 años de prisión, pero con la nueva legislación la pena se establece de 3 a seis años.

150

Artículos modificados

Más de un centenar de profesionales del derecho y la judicatura de ámbito regional y nacional se reunirán en Las Palmas de Gran Canaria los días 18 y 19 de noviembre para analizar esta última revisión del código, entre cuyas principales novedades se encuentran la introducción de nuevos tipos de delito como la trata de seres humanos, el tráfico de órganos o la corrupción en el sector privado, además de modificar delitos ya existentes como los del terrorismo o abusos sexuales.

Organizadas por Juris Vegueta, las doce ponencias distribuidas en cuatro módulos, en horario de mañana y tarde, analizarán la última reforma del Código Penal, recogida en la ley orgánica 5/2010 del pasado mes de mayo. Esta reforma modificó 150 artículos del anterior código.

Entre los ponentes del panorama nacional que conformarán el programa destacan el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y especialista en Derecho Urbanístico, José Manuel Maza Martín, y el fiscal del Tribunal Supremo y autor de varias publicaciones en materia penal, Antonio del Moral García.

También participarán el decano de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de la capital, Javier García García-Sotoca, el teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Ernesto Vieira, el fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, y el magistrado presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón.

Además del fiscal delegado de Delincuencia Informática José Antonio Díez, la fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, el fiscal de la Fiscalía Antidroga, Javier García Cabaña, el abogado y doctor en Derecho Penal, José María Palomino, y el magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna (Tenerife), César Romero Pamparacuatro.