La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha asegurado que los presupuestos de su departamento para 2011 garantizan la asistencia a 37.000 dependientes en Galicia con el aumento del 3 por ciento de las partidas destinadas a este fin —unos 360 millones, 8 más que en 2010—, algo de lo que dudan los grupos parlamentarios de PSdeG y BNG porque creen que "no hay dinero" para prestar estos servicios.

En la comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, la responsable autonómica ha comprometido el "blindaje" de las políticas sociales al asegurar que las personas "que están a día de hoy introducidas" en el sistema de la dependencia "no tendrán ningún problema en 2011" y, además, ha interpretado que el incremento del 3 por ciento del apartado de las cuentas dirigido a la dependencia permitirá "incluir a más dependientes".

Al respecto, Mato ha reconocido que, "evidentemente", las altas no se producirán "al mismo ritmo" que desde la llegada del PPdeG a la Xunta, porque, según ha afirmado, desde marzo de 2009 el Gobierno gallego hizo ascender "un 164 por ciento el número de dependientes atendidos" —de 14.000 durante el bipartito, a 37.000 en la actualidad— mediante la inversión de 100 millones de euros.

"Usted dice todo lo que va a hacer, pero... ¿Y el dinero?", le ha preguntado el portavoz del grupo nacionalista, Carlos Aymerich, quien ha cifrado en 32.000 los gallegos que se encuentran "esperando" a ser admitidos como dependientes, en base a datos del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales).

Por su parte, y en repetidas ocasiones a lo largo de sus intervenciones, la diputada socialista Beatriz Sestayo ha defendido el incremento en "casi 12 millones" de la aportación estatal a la dependencia para 2011, frente a la caída en "casi cuatro millones" de la de la Xunta.

Por este motivo, ha concluido que el Ejecutivo autonómico "no cree en la dependencia" y que sus cuentas son las de "la pobreza, la mentira y el fraude electoral", acusaciones a las que ha contestado la parlamentaria del Grupo Parlamentario del PPdeG, Marta Rodríguez Arias, aseverando que "la política más antisocial" es la del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero.

Previamente, la conselleira había censurado que el Ejecutivo socialista "condena a las autonomías con el recorte del 17 por ciento" de su aportación a la dependencia, para recalcar, con ello, "el esfuerzo" de la Xunta en este ámbito al financiar un 70 por ciento de las ayudas.

Diálogo social

La presentación de los presupuestos de la Consellería de Traballo e Benestar en sede parlamentaria ha estado marcada, asimismo, por las discrepancias al respecto de las partidas dedicadas a la creación de empleo —para la consellería, "una prioridad"— y la posibilidad de dar cumplimiento en 2011 a los acuerdos del Diálogo Social firmados por el Ejecutivo gallego y los agentes sociales el pasado mes de julio.

Así, mientras que la titular del departamento ha hecho hincapié en que "el diálogo y el consenso mueven la acción política" de la Xunta, el portavoz del BNG se ha referido a un informe conjunto de los sindicatos CC.OO. y UGT en el que advierten del "debilitamiento" de los acuerdos que, a su juicio, representan los presupuestos de 2011. El diputado del Bloque también ha resaltado que la CIG se manifiesta este miércoles por esta cuestión.

Labor normativa

Ha recriminado a Mato, además, por el hecho de afirmar, en su primera intervención, que la Axencia Galega de Servizos Sociais "será una realidad en 2011" y le ha interrogado sobre "dónde está el Instituto da Xuventude de Galicia (Inxuga), que de repente desaparece".

Al respecto, la conselleira de Traballo ha apuntado la labor normativa que pretende desarrollar durante el próximo año y ha enumerado la elaboración de la Ley de juventud —que incluirá al Inxuga—, la de voluntariado, la de apoyo familiar y a la convivencia, la de inclusión y la modificación de la de cooperativas.

"coacción" a funcionarios

Por último, durante la comisión también ha sido motivo de polémica el reparto de ayudas para la realización de talleres formativos en municipios gallegos.

En relación con esta cuestión, Sestayo y Aymerich han coincidido en criticar el "amiguismo" por parte de la Xunta con la entrega de subvenciones a empresarios y ayuntamientos con alcaldes del PPdeG. En este sentido, han reprobado que el Gobierno "pretende hacer negocio" y "privatizar" servicios sociales.

A mayores, Sestayo ha denunciado "coacción" del Gobierno autonómico sobre funcionarios con el propósito de que éstos cambiasen sus informes y que, de esta manera, los talleres se pudieran conceder a localidades gobernadas por los populares.

Ante esto, Beatriz Mato ha cuestionado "dejar en el aire" estas acusaciones y ha recomendado a la parlamentaria del PSdeG llevarlas ante la Justicia.