La Sociedad Pública para la Promoción de Suelo y Construcciones Industriales del Gobierno vasco, Sprilur, ha alcanzado junto a otras tres entidades públicas de suelo estatales un acuerdo dirigido a estudiar el abaratamiento de los costes de los parques empresariales, lo que permitirá "acelerar" la implantación de nuevos proyectos empresariales.

El acuerdo inicial ha sido suscrito por responsables de Sepes (Entidad Estatal de Suelo), INCASÒL (Empresa de Suelo de la Generalitat de Cataluña) y EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía), además de Sprilur.

Sus responsables han anunciado que trabajarán conjuntamente en un estudio que permita ofrecer suelo industrial "en condiciones más competitivas". El fin último de este estudio consiste en facilitar la implantación de nuevos proyectos empresariales y la ampliación de los existentes para acelerar la recuperación económica y crear un tejido productivo "más competitivo y diversificado".

De esta manera, se espera contribuir a cambiar el actual modelo económico, "vulnerable" ante situaciones de crisis como la actual, por otro "más sostenible y sólido".

Las cuatro entidades pretenden impulsar un estudio que fije, en primer lugar, cuáles son los costes que se están cargando al suelo industrial en España y en países de su entorno, como Francia, Portugal o Alemania, para comparar los elementos que hacen más competitiva la oferta de suelo industrial en otros países frente a la oferta española.

"Algunas empresas han manifestado que las ofertas para suelo industrial en otros países europeos son mejores, en ocasiones porque las infraestructuras asociadas son menores, y en otras porque las compañías suministradoras de energía ofrecen un marco más claro y transparente para las nuevas actuaciones", según han explicado desde Sprilur.

Tras esta comparativa, se propondrán posteriormente las mejoras necesarias para que la inversión pública sea "más eficiente", y la oferta de suelo "más competitiva" para las empresas.

Las cuatro entidades públicas de suelo prevén que, en el futuro, este primer paso "se abra un marco más amplio de colaboración" en el que se aborden también otros temas, como la coordinación de los nuevos parques industriales con los ayuntamientos, no sólo en la fase de planeamiento y construcción, sino una vez terminadas las obras de urbanización.

Su objetivo es lograr que los costes de mantenimiento de estos polígonos para las empresas instaladas en ellos sean "equilibrados", sin "dejar de garantizar la adecuada conservación de los mismos".

Además, creen necesario estudiar cómo ajustar el desarrollo de las nuevas actuaciones a la demanda "real" de las empresas, de manera que "no existan grandes superficies urbanizadas y sin ocupar durante periodos de tiempo prolongados", lo que genera unos mayores costes de conservación.

El acuerdo suscrito está abierto a las empresas de gestión de suelo del resto de las comunidades autónomas que deseen adherirse para compartir sus experiencias, mejorar la coordinación y realizar actuaciones conjuntas que permitan ofrecer en toda España suelo en el que desarrollar actividades industriales, logísticas y terciarias "en condiciones más competitivas" y "con la vista puesta en un nuevo modelo productivo más sostenible y equilibrado".