El sindicato CSIF-A ha exigido la derogación del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta y la paralización de la reforma del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y su conversión en agencia especial.

En una nota, CSIF-A ha considerado que dicha reforma supone "la privatización del sistema público de empleo", donde las políticas activas de empleo en Andalucía "se dejarían en manos de una Agencia de régimen especial y bajo la dirección de políticos al servicio de su partido y no al servicio de la Administración".

Para esta central sindical, esta agencia "lesionará principios constitucionales adscritos a la administración pública afectando negativamente a los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, puesto que serán atendidos por personas sin preparación que han entrado en la Administración paralela sin superar ningún tipo de proceso selectivo y que desconocen qué es la legalidad o un procedimiento administrativo conforme a derecho y objetivo", de manera que, a su juicio, "las políticas públicas de empleo estarán sometidas a la subjetividad de dichas personas que priorizarán cuestiones como la afinidad al partido gobernante o el 'amiguismo'".

Lamentó que la Junta "nos quiere vender en el Decreto Ley 5/2010 diciendo que la reordenación del sector público tiene como objetivo convertirlo en un agente más eficaz y eficiente, cuando el único objetivo es blanquear la administración paralela que han ido creando lentamente en los 30 años de gobierno socialista en Andalucía".

CSIF-A consideró además que la creación de esta Agencia, "además está tirando por tierra la labor llevada a cabo por los empleados públicos que llevan desempeñando su trabajo en las oficinas de empleo, atendiendo a un gran número de personas diariamente siempre con el mejor trato y con la mayor humanidad".

Consideró que las oficinas de empleo "se ven desbordadas por el aumento desenfrenado del desempleo en Andalucía mientras que el número de funcionarios y laborales en las mismas se ha ido reduciendo año tras año, lo que demuestra la poca importancia que nuestros políticos gobernantes le han dado a los servicios públicos de empleo y en especial, a la labor desempeñada por el personal de los mismos".

Lamentó asimismo "el personal funcionario y laboral se integra forzosamente en esta agencia, no dándoles posibilidad de elección en su integración".

Además, recordó que los funcionarios y laborales obligados a pasar al SAE "se regirán por unos Estatutos que regularán las condiciones de trabajo o de horario, lo que supondrá la pérdida de derechos legalmente adquiridos por parte del empleado público" y que "proporcionará la estabilidad laboral sin mérito alguno del numeroso personal externo o "enchufados", incluso se les otorgaría la potestad funcionarial cuando lo estimen oportuno".

"Nos arrebatan nuestro rango administrativo para dárselo a los 'enchufados' y concretamente en el SAE se produce la absorción en el mismo de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y del personal del mismo que, de forma fraudulenta, está ocupando puestos de trabajo en la Consejería de Empleo y en el Servicio Andaluz de Empleo, impidiendo que dichos puestos de trabajo sean desempeñados por aquellas personas que por derecho deben ocuparlos, como son los funcionarios y los laborales".

Mostraron su temor por que "se reduzca progresivamente la oferta de empleo público y la promoción interna, acabando con el sueño de tantos opositores que en estos momentos de crisis están completamente dedicados a los estudios, pues será la Agencia la que marque las necesidades de personal y contratará a su antojo, cortando de raíz la carrera administrativa de los funcionarios andaluces".

Advirtieron de que ésta "es tan sólo la primera fase del proyecto de reorganización que afectará a todas las consejerías" y consideraron que esta medida "no supondrá recorte alguno del gasto público, todo lo contrario, ya que la finalidad difiere mucho con los objetivos de austeridad".

"Se persigue otorgar la estabilidad laboral a todos los altos cargos, puestos de libre designación y personal externo y otro de sus objetivos es la desfuncionarización, es decir, les permitirá relegar al funcionario, hasta ahora único garante del Servicio Público de calidad al ciudadano, y someter a los nuevos empleados y a la actividad de la Agencia en función de sus intereses y no en función de los intereses de la población", apuntó CSIF, que lamentó que "todo el personal de la Agencia trabajará al servicio de los políticos del gobierno y no al servicio de la Administración Pública".

Asimismo, ha considerado que el decreto ley 5/2010 "nos afecta a todos, a los opositores, porque no se convocarán nuevas plazas en muchos años; a los contribuyentes, que tendrán que pagar 25.000 nuevos empleados públicos, y sobre todo a los ciudadanos, que serán atendidos por personas sin preparación que han entrado en la administración paralela sin superar ningún proceso selectivo", por lo que lo que manifestó "enérgicamente" su rechazo a este Plan de Reorganización del sector público.