La defensa de la ex edil del Partido Andalucista (PA) María José Lanzat ha asegurado este miércoles que "está acreditado que no hay garantía de que las anotaciones de los archivos Maras —donde aparecen iniciales de presuntos cobros y pagos que se asocian a algunos acusados— no pudieran ser alteradas por nadie", por lo que ha pedido la nulidad del CD que contiene estas anotaciones por considerar que "no se ha respetado" la cadena de custodia.

En este sentido, se ha realizado una demostración práctica en la Sala consistente en el visionado de las fechas de grabación y modificación de dicho soporte informático y en la introducción de nuevas iniciales en el archivo, en concreto las del fiscal y los magistrados del Tribunal.

Tras esta prueba, el letrado Hipólito Marín ha insistido en que ese CD con los archivos de la sociedad Maras "no contiene la garantía de integridad e intangibilidad necesaria para este tipo de pruebas" y ha manifestado que dichos documentos estuvieron "más de cuatro meses fuera de la custodia judicial".

Por tanto, el abogado ha apuntado a "la posibilidad de que dicho CD haya podido ser alterado", aunque ha expresado que no duda en ningún momento "de la honestidad ni profesionalidad" de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Asimismo, se ha referido a este trámite de cuestiones previas, que ha calificado de "test de constitucionalidad al proceso en su fase de instrucción" y ha considerado que es "una oportunidad jurisdiccional para corregir las importantísimas infracciones acaecidas con relevancia para los derechos fundamentales de los acusados"; además de suponer una ocasión para hacer "una limpieza mental y física", como ya dijo el letrado Pablo Luna.

No obstante, ha dicho ser consciente de que muchas de estas cuestiones ya fueron planteadas con anterioridad y en la mayoría de los casos se ha ido "dando respaldo al juez instructor", aunque ha apuntado que con la visión conjunta que hay ahora, junto a "la profesionalidad y solidez jurídica" del Tribunal "harán bueno lo que ya he visto que se está pidiendo, que la Sala esté a la altura de las circunstancias".

"Estoy seguro de que la Sala sabrá señalar, acabar y corregir lo que de excepcionalidad jurídica constitucional ha tenido la tramitación de este caso durante toda su fase de instrucción", ha manifestado Marín, quien ha asegurado, a nivel general, que hubo "detenciones instrumentales, espectaculares e innecesarias".

Ha apuntado el "deseo de dar imagen de eficacia en la lucha contra las corrupción" y ha aludido a "la amenaza" de la prisión provisional para "arrancar confesiones y declaraciones inculpatorias", aunque en el caso de su cliente, ésta "dijo que no" había cobrado dinero del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, lo que, en su opinión, "le costó cuatro meses en prisión provisional".