Abogados cuestionan que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta puedan considerarse perjudicados

El abogado Juan García Alarcón, que representa a cuatro de los acusados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha cuestionado el papel de la Junta de Andalucía y el Consistorio marbellí en este procedimiento y ha apuntado que estas partes no pueden considerarse perjudicadas por los delitos que acusan.

El abogado Juan García Alarcón, que representa a cuatro de los acusados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha cuestionado el papel de la Junta de Andalucía y el Consistorio marbellí en este procedimiento y ha apuntado que estas partes no pueden considerarse perjudicadas por los delitos que acusan.

Así, el letrado ha indicado que "ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Marbella pueden considerarse perjudicados" por determinados delitos en lo que a sus representados se refiere, entre ellos la acusada Sandra Von Bismark.

"¿Qué daño económico han hecho que se pueda sanar con la exigencia de indemnización?, ¿qué negocio han realizado con trascendencia a los bienes o fondos públicos?", se preguntó esta defensa, quien ha entendido que "como no es así, no pueden exigir resarcimiento". También el abogado de los empresarios acusados Ignacio y Manuel Sánchez Dalp ha cuestionado este extremo en lo que se refiere a la Junta de Andalucía.

En este sentido, una de las cuestiones previas planteada por este letrado fue relativa a la legitimación de la Junta como acusación y para formular imputaciones, en este caso, por delitos de blanqueo de capitales, que "le son absolutamente ajenos".

Así, ha citado jurisprudencia que se refiere a esta personación pero respecto al "supuesto excepcional de la violencia de género", no a otros delitos, al reiterar que "es el ministerio fiscal el encargado de perseguir los delitos en nombre del Estado y otra administración pública".

Por otro lado, también se ha referido a la "acusación sorpresiva" por parte de la Administración andaluza, al señalar que sus clientes han declarado sobre una ganadería de toros y, "sin embargo, la Junta de Andalucía viene a atribuirle un segundo delito y a acusarle de penas mucho más graves".

No obstante, ambas defensas se han adherido a otras cuestiones previas planteadas sobre vulneración de derechos de los acusados, por las detenciones, los registros realizados durante la instrucción y la incautación "incontrolada" de documentación.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento