El Negociado de Control e Inspección del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao ha abierto, a lo largo del primer semestre del año, la investigación de 1.245 casos de posibles fraudes en las ayudas sociales de los que se han investigado, hasta la fecha, 669 casos y se ha retirado, este sentido, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a 249 personas por no cumplir los requisitos para recibir esta prestación económica.

En coordinación con el Negociado, la Unidad Técnica de Inclusión Social (UTIS) se ocupa de que los beneficiarios de ayudas se comprometan a la búsqueda activa de empleo. En el primer semestre, esta unidad ha trabajado con 237 personas con el fin de que firmen un convenio de inclusión.

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, el concejal delegado de Acción Social, Ricardo Barkala, y el director del Área de Acción Social, Juan Félix Madariaga, han presentado el balance de las actuaciones del Negociado de Control e Inspección durante el primer semestre del año.

En primer lugar, Barkala ha subrayado que la lucha de los cobros indebidos "legitima el sistema" y ha precisado, asimismo, que "la mayoría de las ayudas están bien concedidas".

En concreto, del total de posibles casos por irregularidades el Área de Acción Social ha resuelto, en el periodo analizado, un total de 669 casos relacionados con presuntos fraudes.

Estas resoluciones han dado como resultado la mencionada retirada de la RGI a 249 personas, al mismo tiempo que a 92 de ellas se les ha solicitado también que devuelvan el importe recibido de manera indebida.

Este hecho ocurre, en su mayor parte, cuando un perceptor de esta renta encuentra un empleo y no lo comunica a los Servicios Sociales de Base. En estos casos, se le reclama el importe de RGI recibido desde el momento en que encontró el empleo. Otras resoluciones han supuesto la modificación de la cuantía de la RGI a un total de 54 personas. Finalmente, no se encontraron irregularidades en un total de 188 expedientes.

En este sentido, Barkala ha explicado que La Renta de Garantía de Ingresos es "la prestación más investigada", ya que, según ha precisado, "representa la ayuda económica de mayor cuantía".

El Negociado de Control e Inspección, además, ha revisado en el primer semestre del año los expedientes de 1.576 perceptores de RGI, con el fin de detectar a personas empadronadas en Bilbao que realmente no residen en el municipio. Entre las investigaciones, se ha dado de baja del padrón municipal a 483 personas.

Por otro lado, el concejal ha precisado que, en la lucha "contra el fraude en las prestaciones sociales", también desempeñan una "importante labor" los Servicios Sociales de Base. De esta forma, ha explicado que estos servicios son "la puerta de entrada de la mayor parte de las ayudas existentes y en su trabajo habitual detectan casos en los que pueden existir irregularidades".

En el primer semestre, desde los Servicios Sociales de base se ha solicitado a la Diputación Foral de Bizkaia la suspensión cautelar de 1.138 Rentas de Garantía de Ingresos TIPOS

Las denuncias han llegado al Negociado de Control e Inspección por cuatro canales diferentes. En primer lugar, por vía interna a través de los distintos servicios sociales y negociados del Área de Acción Social (898 casos), por denuncias externas realizadas por cualquier ciudadano (243), por denuncias de otras áreas municipales como el Área de Seguridad Ciudadana y Relaciones Ciudadanas, en su mayoría,(71); y denuncias de otras instituciones, recibidas en su mayor parte desde la Diputación Foral de Bizkaia (33).

A este respecto, el concejal ha indicado que las denuncias de los ciudadanos, "un año más, están resultando un medio de gran utilidad para luchar contra el fraude".

En concreto, los denunciantes son, casi en su totalidad, compatriotas de los denunciados (sean o no inmigrantes) y se trata de personas cercanas, familiares en muchas ocasiones, que conocen con detalle las irregularidades que denuncian.

Las denuncias externas pueden llevarse a cabo mediante una instancia en el Registro Municipal, en el correo electrónico control.inspeccion@ayto.bilbao.net, en el teléfono 944203525, o acudiendo al Negociado de Control e Inspección, ubicado en el edificio Aznar, primera planta. MOTIVOS

Los motivos principales del conjunto de denuncias tratadas por el Negociado de Control e Inspección son, por este orden, no vivir en el domicilio donde figuran empadronados con el fin de ocultar ingresos (892 casos), recibir la RGI y convivir con personas no empadronadas con el fin de ocultar los ingresos de los residentes en la vivienda (461 casos), trabajar y recibir la RGI (347), y otras situaciones (224).

Estas situaciones puede ser, entre otras, cobrar ayudas para el alquiler y no pagarlo, parejas o matrimonios que conviven juntos y están empadronados en domicilios diferentes para así cobrar dos RGIs, o utilizar de forma inadecuada las ayudas en juego, consumo de drogas, envío de dinero a su país de origen, etc.

Otra causa de denuncia tiene que ver con los pisos sobreocupados y las viviendas en las que existen más unidades de convivencia que habitaciones. El Área de Acción Social ha intervenido en 128 pisos, en los que estaban empadronadas 724 unidades de convivencia (personas solas o familias), lo que supone una media de 5,6 unidades de convivencia por piso.

Las irregularidades en este tipo de viviendas son investigadas por agentes de la Policía Municipal adscritos al Área de Acción Social desde mayo de 2009.

UTIS

El negociado de Control e Inspección deriva a la Unidad Técnica de Inclusión Social (UTIS) a todas las personas implicadas en sus investigaciones y que siendo perceptoras de la RGI no tenían actualizados los Convenios de Inclusión.

Durante el primer semestre del año, ha derivado a esta Unidad a 237 personas, con las que se han conseguido firmar 142 convenios de inclusión. Además, se han renovado 70 convenios firmado el año pasado. Actualmente, la UTIS mantiene activos y en seguimiento un total de 413 convenios de inclusión.

La firma de estos convenios obliga a buscar activamente empleo y a formarse profesionalmente para conseguir la inclusión social. El incumplimiento de este compromiso puede acarrear la pérdida de la RGI. En el periodo analizado, las trabajadoras sociales de los Servicios Sociales municipales han solicitado a la Diputación Foral de Bizkaia la suspensión de esta ayuda económica a 73 personas que no han cumplido las obligaciones adquiridas.

La UTIS colabora activamente con los distintos programas de incorporación laboral desarrollados por el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, a través de Lan Ekintza. Igualmente, coopera con entidades privadas dedicadas a la inserción social y laboral.

Casos concretos

Madariaga, por su parte, ha dado a conocer algunos "casos concretos" en los que se dan "irregularidades". En primer lugar, se da el caso en el que un matrimonio con cuatro hijos menores que recibe RGI por seis miembros pero solamente conviven cuatro personas, porque los dos mayores (ambos de 17 años) no residen ya con sus padres.

Otros casos destacados son aquellos en los que declaran ante los Servicios Sociales unos ingresos de 120 euros mensuales, sin embargo son propietarios de dos vehículos de alta gama.

Por otro lado, se da la situación en el que el padre trabaja con contrato en una empresa desde julio de 2009 y la madre trabaja, sin contrato, como empleada de hogar.

Por último, entre otras muchos casos, se da la circunstancia en la que un matrimonio tenga sus tres hijos empadronados todos ellos en Bilbao y que, en realidad, residan en Burgos.