La Xunta hará frente común con los sindicatos, la patronal, el Grupo Parlamentario del PPdeG y el del BNG para reivindicar al Gobierno central los 243 millones correspondientes al Fondo de Cooperación que exigen como "cumplimiento" del sistema de financiación.

Así lo ha asegurado la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, en declaraciones a los medios al término de una ronda de reuniones con los responsables de empleo de UGT y CC.OO. —CIG alegó este jueves "trabajo sindical" y por ello no asistió a la convocatoria del departamento autonómico—; con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla y con los portavoces parlamentarios y los diputados encargados del área de economía de las tres formaciones presentes en la Cámara autonómica.

Fernández Currás ha presentado a todos ellos las previsiones de ingresos que tiene el Ejecutivo gallego para elaborar sus cuentas de 2011 y ha expuesto la necesidad de reclamar los 243 millones procedentes del Fondo de Cooperación, que el Estado no abonará en 2011, sino que defiende que deben transferirse con la liquidación del ejercicio, que no será hasta 2013.

Al respecto, la responsable de Facenda ha asegurado que ha obtenido el apoyo de todos los actores a excepción del Grupo Socialista, cuyo portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga, en declaraciones a los medios tras abandonar las dependencias de la consellería en el complejo administrativo de San Caetano, ha atribuido a la Xunta la intención de "erosionar" al Gobierno central en lugar de pretender obtener dichos recursos.

El BNG ha brindado su apoyo a la reclamación de la Xunta pero, según ha destacado a los periodistas el portavoz de los nacionalistas en O Hórreo, Carlos Aymerich, también ha invitado a los dirigentes gallegos a "llevar esa cuestión al Congreso de los Diputados" porque, según ha incidido, "se va viendo que una cosa es lo que se dice en Galicia y otra diferente lo que el PP y el PSOE hacen en Madrid".

El portavoz de los populares en el Parlamento, Manuel Ruiz Rivas, por su parte, ha coincidido con la conselleira en reprobar "los incumplimientos del señor Rodríguez Zapatero" y ha tachado de "incomprensible" la actitud del PSdeG. "Está mareando la perdiz", ha censurado, para pedir a los socialistas que "den la cara" y se unan a "un frente gallego claro de defensa", en vez de "intentar desviar la atención".

Sindicatos y patronal

Previamente, los primeros en darse cita con la responsable de Facenda han sido los responsables de empleo de UGT y CC.OO. en Galicia —Domingo Barros y Maica Bouzas—, que, a la salida del encuentro —al que llegaron con unos 20 minutos de retraso—, han mostrado a los medios su "preocupación".

Así, Barros ha advertido sobre la posibilidad de que se trate "de una estrategia política pura y dura" que Bouzas, a continuación, ha atribuido a la intención de la Xunta de "pretender poner la venda antes de la herida". Frente a esto, han reclamado al Ejecutivo gallego "que ejerza su acción de Gobierno" para que esta reducción no repercuta en las políticas activas de empleo, sociales ni en la inversión pública.

Tras los portavoces de las centrales sindicales, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, ha expresado que "ojalá" que los recortes presupuestarios por parte del Ejecutivo central "no se tengan que realizar" para que el Gobierno gallego pueda elaborar con "una mayor holgura" sus cuentas de 2011 "en un momento en que es muy necesaria la inversión pública".

"mecanismos suficientes"

La reunión de Marta Fernández Currás con los actores sociales, empresariales y políticos se produce el mismo día en que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que mostrará la "prueba documental" de que se pactó con el Gobierno socialista la cesión anual del Fondo de Cooperación por el que a Galicia le corresponderían 243 millones de euros —que el Estado retrasa hasta 2013—.

"Llegamos ya a la cifra de 1.500 millones de euros", ha alertado la titular de Facenda sobre la cifra a la que asciende la disminución de las partidas que recibirá Galicia del Estado en 2011 respecto a 2010, al tiempo que agradecía "muchísimo" la asistencia "y la actitud" de sindicatos, patronal, BNG y PPdeG, "ya que están con el Gobierno gallego para que lleve adelante todos los instrumentos para reclamarle al Estado el cumplimiento de este acuerdo de financiación".

En este sentido, ha exhibido "cierta esperanza", ya que el Estado, ha reiterado, "tiene mecanismos suficientes para colocar estos fondos en los presupuestos de las Comunidades Autónomas".

Postura de la xunta

Ha argumentado que el sistema de financiación "no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los servicios públicos fundamentales", en alusión a la sanidad, la educación y la dependencia.

Esto se debe, ha explicado, a que existe "una diferencia" entre las aportaciones del Estado y el coste "esencial" de esos servicios, que ha fijado en unos 300 millones. "La Xunta hará todo lo que pueda para seguir garantizando esos servicios públicos fundamentales", ha recalcado.

Demandas del bng

Pese a que el BNG ha ofrecido colaboración en la tarea de exigir que el Estado entregue los 243 millones del Fondo de Cooperación, el portavoz parlamentario ha interpretado que la citada partida "es sólo una parte del problema", ya que, según denuncia, la obligación de elaborar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011 con 1.211 millones de euros menos —sin contar los 243— es "consecuencia" de las políticas de austeridad, de recorte del gasto social y de la deuda "que comparten el PP y el PSOE", que "abre la puerta a la privatización" de servicios.

Aymerich ha criticado al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por firmar "de forma clandestina" —a finales de 2009— un sistema de financiación "que el Parlamento gallego había dicho que era lesivo y discriminatorio para Galicia".

"No tiene mucho sentido que el PP, que firmó ese sistema, venga quejándose ahora de sus consecuencias", ha agregado, tras hacer también referencia al "sí crítico" que la Xunta dio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a la determinación en un 1,3 por ciento de la posibilidad de endeudamiento de las comunidades.

Para Aymerich, "lo que hay que hacer, por tanto, es impugnar ese sistema" en el Congreso de los Diputados. "Si el PP presenta una ley para modificar ese sistema de financiación —en alusión a la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas)— en los aspectos que son negativos para Galicia, va a tener el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, pero tendrá que hacerlo en Madrid", ha proclamado.

Críticas de los socialistas

Leiceaga ha calificado como "decepcionante" la reunión con la titular de Facenda, cuyo planteamiento ha atribuido a "una batalla contra el Gobierno central".

Convencido de que la Xunta "no ha hecho sus deberes en la política de austeridad", Leiceaga ha pedido a las autoridades gallegas una "posición nítida" en medidas que repercuten sobre los ingresos de la comunidad como "la actuación selectiva sobre las bonificaciones fiscales, la subida del IRPF a las rentas más altas, actuando en la tributación de los patrimonios en la medida de lo posible y combatiendo el fraude fiscal", como ya ha reclamado el PSdeG en la Cámara a través de diferentes iniciativas.

Además, durante el transcurso del encuentro, el portavoz del PSdeG ha instado al Gobierno gallego "a sentarse" con el central para "acordar una interpretación del modelo de financiación".