Las conclusiones de las IV Jornadas sobre Bosques, Cambio Climático y Crisis, han sido dadas a conocer este miércoles y en ellas destaca la necesidad de impulsar un pacto social por el bosque y las dehesas de la región con un cambio en las políticas forestales que salvaguarden el "enorme potencial forestal" de Extremadura.

Así se desprende del documento de conclusiones de dichas jornadas que se celebraron en Mérida los pasados días 24 y 25 de junio organizadas por la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (Aeefor) en colaboración de la Asamblea de Extremadura, y que han presentado hoy el presidente de Aeefor, Francisco Castañares, y el consejero de Medio Ambiente, José Luis Navarro.

En el citado foro se analizaron los principales aspectos relativos a la situación de nuestros espacios forestales y sus perfiles, potencialidades y proyecciones socioeconómicas actuales y futuras.

De las intervenciones de los ponentes y, sobre todo, de los debates y propuestas que en las jornadas plantearon los participantes, se extrae como conclusión principal que el enorme potencial del sector forestal extremeño -con unos activos valorados en 15.000 millones de euros- debe ponerse al servicio del desarrollo económico y social de Extremadura.

"Los bosques y dehesas pueden generar y mantener alrededor de 15.000 empleos estables si los recursos naturales reciben las inversiones productivas, públicas y privadas, que les pongan en valor", incluye el documento remitido por Aeefor.

Así se apuesta por un modelo de gestión forestal que prime la estabilidad de las empresas y de los trabajadores del sector, y por la explotación de la biomasa, como fuente de energía renovable, para lo que se reclama un incremento de las primas destinadas a incentivar el desarrollo de la biomasa, como energía renovable, para hacer esta tecnología lo suficientemente atractiva a empresas e inversores.

En cuanto a la lucha contra incendios forestales, se recuerda que este asunto forma parte de la gestión, diseño y ordenación del monte, por lo que "cada espacio forestal debe concebirse teniendo previamente en cuenta su riesgo potencial de incendios" haciendo un estudio de ese riesgo a priori.

En este sentido, Aeefor apuesta por fraccionar el monte, evitando grandes superficies continuas de especies de fácil combustión, que deberían romperse mediante la plantación de especies resistentes al fuego, como encinas, alcornoques, acebuches, castaños de fruto o robles entre otras, que actuarán como barrera natural para ayudar a frenar el avance del fuego.

Cambiar el gasto público

Según las conclusiones, la aplicación de estas medidas supone cambiar el destino del gasto público, "ahorrando una parte de lo que anualmente se gasta en medios de extinción para destinarlo a la reordenación del monte, fraccionando su uniformidad para evitar que se quemen grandes superficies", añade.

En relación a las dehesas se ponen de relieve los "graves problemas de regeneración, patologías y rentabilidad económica en todo el territorio nacional". Por ello, Extremadura, que cuenta con más del 35 por ciento de las dehesas españolas, "debe participar en las iniciativas nacionales que trabajan para defender el papel de éstas, como sistema europeo de alto valor natural y demandar, para su financiación, la percepción directa de ayudas de la PAC a nivel de finca".

"Las subvenciones, vía contratos territoriales, deben favorecer a los propietarios que se comprometan a desarrollar una gestión integral, y ésta debe usarse para mejorar la calidad y rentabilidad de los productos obtenidos", recoge el documento.

Las conclusiones también apuestan por un "nuevo modelo de desarrollo rural para Extremadura" basado en la eficiencia económica y sostenibilidad medioambiental, adoptando políticas enfocadas "al incremento de la productividad y la mejora de la competitividad".

Otra de las conclusiones es la importancia de incorporar formación profesional al sector forestal y apostar por la investigación, desarrollo e innovación en el tejido empresarial, como tarea pública y de las empresas. Al mismo tiempo, es necesario avanzar en la descentralización en la negociación entre empresas y trabajadores, desde mínimos garantizados a nivel de sector y territorios, según recoge el documento.

Reformas legales

Por ello, "se demanda el impulso urgente de reformas legales que determinen, con claridad, que si un expediente no se ha resuelto en dos meses, el emprendedor pueda iniciar su actividad. Y, si hay algún fallo, poniéndose en marcha una iniciativa que no convenía, la responsabilidad es de quien no resolvió el expediente a tiempo, no del que hace el emprendimiento".

Por último, se considera que "el adelgazamiento de la estructura administrativa, en la línea iniciada por el gobierno autónomo, es necesario y debe continuar". "Ello no ha de ser un obstáculo para que, cuando la legislación impulse medidas de control para garantizar, por ejemplo, la sostenibilidad de las actuaciones, las administraciones respondan, de forma paralela, con procedimientos que aceleren los controles y minimicen los plazos, con el fin de que emprendimientos y emprendedores no sufran las consecuencias", concluye.