El secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, Antonio Pino, ha reconocido que "podría ser" que se produzcan incidentes y "haya tensiones que no deseamos", si el Gobierno "no flexibiliza" su posición en cuanto al establecimiento de servicios mínimos para la jornada de huelga general del próximo 29 de septiembre.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de comenzar la asamblea con los trabajadores de la función pública que él y su homólogo en UGT, Justo Rodríguez Braga, convocaron para la jornada de hoy en Oviedo.

Preguntado por si el conflicto por los servicios mínimos podría desembocar en incidentes en la jornada de huelga, Pino ha considerado que "podría ser" aunque "no es deseable". "Los servicios mínimos nos los hinchan, por lo que nos referenciamos en las sentencias de 2002 (que los fijaban para la anterior huelga general) para proponerlos, y aún así nos los quiere engordar el Gobierno para limitar y dinamitar los servicios de la huelga", protestó. Según Pino, la del gobierno "es una actitud antidemocrática, y si sigue por ese camino, y no somos capaces a llegar a acuerdos y a que el Gobierno flexibilice su posición, y se dificulte el papel de los piquetes informativos en la huelga, es posible que haya tensiones que no deseamos".

El responsable de CC.OO reconoció no obstante que "no es conveniente ni para los trabajadores ni para los organizaciones convocantes que haya conflictividad social", porque "puede empañar o difuminar los efectos reales de la huelga".

Por su parte, Braga, consideró que "hay posibilidades y margen para llegar a un acuerdo sobre los servicios mínimos, pero el Gobierno está poniendo unos servicios máximos". Desde su punto de vista, "es muy difícil justificar ante una movilización de este tipo que se pueda preservar el derecho a la huelga, si a la mayor parte de los trabajadores se los obliga a trabajar".

La reforma afecta a los funcionarios

Ambos representantes sindicales incidieron antes del comienzo de la asamblea con trabajadores públicos que la reforma laboral afecta a los empleados públicos, y pidieron "que no se engañe" a quien aún piensa lo contrario.

"Contra lo que dicen algunos sindicatos corporativistas, sí les afecta, y no sólo en el recorte de salarios, sino también en la externalización que pueda haber, y que ya se está notando", señaló Braga. Así, aludió también a la privatización de los servicios públicos de empleo y a la irrupción de las empresas de trabajo temporal, "que van a poder actuar en la función pública, y que sin duda van a mermar las plazas que se convoquen en los próximos años".

Según Pino, "estamos en un momento en el que ya se está aplicando en algunas comunidades la lógica de producir ajustes por la vía de privatizar ciertos servicios de la sanidad, la educación y por tanto que nadie se crea que hay colectivos que puedan decir lo de a mí no me toca".